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La jueza sexta Silvia de León aceptó agregar al proceso judicial a las familias de los pacientes renales en el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la farmacéutica Pisa.
La fiscalía informó que “se deben tomar en cuenta” a los afectados por el contrato millonario de Q116 millones 227 mil entre la farmacéutica y el Seguro Social para cambiarles el medicamento.
Esto habría provocado la muerte de 13 pacientes, según un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Entre los implicados en el contrato anómalo está el militar Juan de Dios Rodríguez, quien era el presidente de la Junta Directiva del IGSS y había sido el secretario privado del presidente Otto Pérez. También están otras 16 personas, entre ellas, Julio Suárez, quien dirigía el Banco de Guatemala y Otto Fernando Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y explicó a través de una investigación que los detenidos acordaron obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato millonario aunque la empresa “no contaba con estructura básica para brindar el servicio a pacientes renales del Seguro Social”.
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