IGSS y Banguat acéfalos por corrupción

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Armando Pirir El jueves 7 de mayo falleció a las tres horas Armando Pirir, quien padecía insuficiencia renal, a causa de “negligencia médica y las bolsas de tratamiento no higienizadas”, según su hermana Alejandra. “Armando era un muchacho alegre, responsable, decidido, estudioso y entregado a Dios. Ayudaba a todas las personas que podía y lo hacía de corazón”, afirma Pirir. El joven de 35 años laboraba en el Ministerio de Trabajo, en el área de Comunicación Social. “Él amaba su trabajo, se levantaba todos los días dándole gracias a Dios por su trabajo, él iba por que le gustaba no por devengar un sueldo”. “Todavía no me acostumbro a no verlo, no puedo creer que una persona tan llena de vida ya no esté con nosotros, nos amaba mucho. Él estaba a cargo de mi papá y de sus sobrinos”, dice su hermana, con la voz entrecortada. “El 29 de abril me llamó porque tenía mucho dolor, a la mañana siguiente fue a Pisa y nadie quiso atenderlo, no le dieron ni un medicamento para calmar el dolor que tenía. Luego fue al IGSS y lo dejaron internado, como no habían camillas, él se acomodó en tres sillas. Pasó el fin de semana sin atención y recuerdo que me habló que se iba a morir por el dolor”, cuenta Pirir.

Salvador Camajá Con dificultad para hablar, Salvador Camajá relata el sufrimiento que ha vivido desde el sábado fue internado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de la zona 9 debido a la complicación que tuvo por el tratamiento renal que recibió por parte de la empresa Pisa. El paciente explica se presentó a las oficinas de la droguería ubicadas en la zona 13 capitalina para ser atendido, pero le comunicaron que no laboraban ese día por lo que decidió irse para el Seguro Social. “Vengo desde Cubulco porque no aguantaba el dolor y sentía que me explotaría el estómago por el dolor. Estoy sufriendo, la medicina que nos dieron desde que se cambio Baxter tiene olor a cloro y cuando se iba terminando me producía ardor. Ahora que estoy acá me han dicho que me quedaré hasta nueva orden”, comenta Camajá. El enfermo menciona que por el momento solo está siendo inyectado para disminuir el dolor, y ha tenido que dejar de comer, ya que aún tiene el catéter que le colocó el personal de Pisa pero le han dicho ahora que se le retirará. A la vez, Camajá señala que dicha empresa no proveía materiales en comparación a Baxter que los supervisaba y otorgaba insumos como servilletas para la limpieza.

Postura del gobernante El gobernante Otto Pérez afirmó que no considera renunciar, a pesar de las capturas de su exsecretario privado y presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, y la del presidente del Banco de Guatemala, Julio Suárez, la marcha campesina que exige que dimita, los recientes casos de corrupción y la solicitudad del Cacif para que revise los contratos del Estado que han sido señalados como anómalos. “No considero un ultimatum el que el Cacif se haya pronunciado recientemente”, afirmó “Yo acepto parte de la responsabilidad. Deposité confianza. Pero no quiere decir que me haga responsable de los hechos que se pudieron haber cometido”, afirmó, en relación con la captura de Juan de Dios Rodríguez. “Yo lo que miro es una propuesta que ellos están haciendo al diálogo y serán escuchados”, fue su postura ante la marcha campesina durante una conferencia en la Casa Presidencial.

La jornada inició con protestas campesinos en la capital y las cabeceras departamentales para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez y denunciar actos de corrupción.

Los manifestantes rodearon el palacio mientras las fuerzas de seguridad realizaban 18 allanamientos por fraude que terminaron con la captura de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Julio Suárez.

El ente investigador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acertó un nuevo golpe a la corrupción que involucraron a funcionarios públicos que por la suscripción de un contrato por Q116 millones 227 mil habría causado la muerte de 13 pacientes de hemodiálisis peritonial y 95 infecciones con peritonitis.

La fiscal general Thelma Aldana, informó capturaron a 16 personas y fueron señalados de participar en la suscripción de una contrato millonario anómalo entre el Seguro Social y la Droguería Pisa de Guatemala, S. A. cuyo gerente es Ramiro Lorenzana.

El militar Juan de Dios Rodríguez, que fue secretario privado del mandatario y dirige el IGSS desde 2013 por anomalías del anterior titular de la entidad Luis Reyes Mayen, se recluyó en un centro asistencial de la zona 13 argumentando padecer diabetes, depresión y ansiedad. Policías rodearon el lugar y será evaluado por médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

A los detenidos se les imputará el viernes los delitos de fraude, negligencia médica y homicidio culposo por la muerte de 13 pacientes de hemodiálisis peritonial del Seguro Social por malos procedimientos médicos.

La jueza sexta Silvia de León les hizo saber el motivo de su detención y los remitió a la carceleta de la Torre de Tribunales.

Iván Velásquez, titular de la CICIG, mencionó que tras métodos especiales de investigación como escuchas telefónicas se determinó que los contratistas y funcionarios habrían negociado el pago de entre 15 y 16% de comisiones para otorgar el contrato millonario.

El gobernante recalcó que no renunciará al cargo y aceptó la culpa por designar a Rodríguez para dirigir el Seguro social.

Escuchas

Por medio de escuchas se logró establecer que Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Sierra Stalling, y los directivos se comprometieron con representantes de Pisa para lograr la adjudicación del contrato millonario.

“La junta directiva cometió irregularidades en el evento de contratación y realizaron actividades encaminadas a concursar y ganar de manera fraudulenta otro proceso licitatorio para la prestación de servicios de hemodiálisis para pacientes de neurología de la unidad de Consulta Externa de enfermedades del IGSS”, se refirió Velásquez.

También fue detenido Julio Roberto Suárez Guerra, presidente del Banco de Guatemala y miembro de la junta directiva del Seguro Social, y la junta licitadora de contratos de la entidad y contratistas de la empresa Pisa, que proveía los medicamentos.

Denuncia

El procurador de los Derechos Humanos Jorge de León, explicó que se violaba los derechos de los pacientes renales y que se estaba vulnerado su derecho a la vida y a la salud. El presidente en funciones del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Pelayo Llarena, se pronunció en favor de la transparencia.