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“Pido la condena a cadena perpetua por diez asesinatos. Fueron ejecuciones extrajudiciales, crímenes de Estado, los más graves porque desestabilizan a la sociedad, los mataron como perros, con un gran desprecio por la vida humana”, resumió el fiscal Yves Bertossa tras enumerar las pruebas contra Sperisen -quien tiene doble nacionalidad guatemalteca y suiza-, durante casi cuatro horas de alegato en esta instancia de apelación.
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Las tres absoluciones de Sperisen fueron pronunciadas el 6 de junio de 2014 por los casos de Edwin Estuardo Santacruz Rodríguez, Julio Morales Blanco y José Maria Maldonado Sosa, evadidos de la cárcel de El Infiernito en 2005, recapturados por la PNC, luego muertos por disparos a corta distancia, pese a estar inmovilizados, subrayó Bertossa.
Las absoluciones se debieron a que no pudo establecerse la presencia de Sperisen en el lugar de los hechos, pero el fiscal afirmó que quien fuera el director de la PNC entre 2004 y 2007, delegó la operación en su subordinado Víctor Soto, con quien entonces mantuvo contactos telefónicos “permanentes” y recordó que Soto ya fue condenado por estos hechos en Guatemala a 33 años de prisión.
Los llamados incriminatorios entre Sperisen y Soto fueron constatados por un agente policial español de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en la computadora de la empresa telefónica guatemalteca, aunque no guardó una copia en papel, y así lo relató en el juicio de primera instancia, y se lo puede considerar un testigo creíble según Bertossa.
Los otros siete asesinatos en los cuales se fundó la sentencia de primera instancia, fueron en perjuicio de prisioneros de la cárcel de Pavón, al cabo de una toma de la penitenciaria por la PNC en 2006, en presencia de Sperisen, quien siempre negó haber participado en los crímenes y ha dicho haber sido informado que fueron el resultado de enfrentamientos entre detenidos y la policía y no a causa de “ejecuciones extrajudiciales” de reclusos desarmados, como señala el Ministerio Público.
El fiscal insistió que los diez asesinatos fueron cometidos por “las más altas autoridades”, según un esquema en el que “los jefes ordenan y los ejecutantes ejecutan”. Hubo “una responsabilidad jerárquica, institucional”, de Sperisen, responsable, a tal efecto, de constituir “escuadrones de la muerte”, afirmó Bertossa, mirando directamente a Sperisen, quien el lunes se negó a responder a las preguntas de la fiscalía y se mantiene en un silencio imperturbable.
Suiza no extradita sus ciudadanos y su Código Penal obliga a juzgarlos por delitos cometidos en el extranjero.