Juez deja fuera del proceso al Congreso y la PGN en devío de Q82.8 millones

Justicia. El juez segundo Darwin Porras resolvió dejar fuera del proceso al Congreso y a la Procuraduría General de la Nación (PGN) en el caso del desvío de fondos por Q82.8 millones en 2008 que se reactivó con 22 capturas.

Análisis El MP debe tener nuevas pruebas Primero hay que entender los hechos que vinculan ahora a más de 20 personas, seguramente el Ministerio Público (MP) ha encontrado nuevas pruebas que les permita dar con los implicados y juzgarlos. Segundo, a diferencia de 2008, en ese momento, vemos a la fiscalía con más recursos y más capacidades para presentar las acusaciones contundentes y los casos se pueden volver a revisar, este es prueba de ello con más de 50 allanamientos que se realizaron la semana pasada con el apoyo de la Policía. Tercero, es lamentable que el dinero, los Q82.8 millones que fueron desviados a cuentas en el extranjero hace siete años, siga siendo una pérdida para el Estado y para los guatemaltecos, ese dinero se traduce en servicios como salud y seguridad. Después de tanto tiempo es difícil rastrear ese dinero porque es posible que en la cadena de traspasos ese monto ya se haya desvanecido en algunas cuentas personales, aunque siempre quedan las transacciones nacionales e internacionales. Lorena Escobar Analista de seguridad y justicia de Asíes

El juzgador accedió a la petición de los defensores para que el Organismo Legislativo y la PGN no sean querellantes, sino participen como agraviados. Esto impide su participación activa en el proceso judicial.

Ambos entes podrán actuar por medio de la fiscalía, aunque los representantes explicaron que apelarán la decisión de Porras.

Durante la audiencia de primera declaración, que inició al medio día y se extendió durante la noche, se escuchó la imputación de los cargos a José Benvenuto Conde, el exdirector financiero del Congreso durante la gestión de Eduardo Meyer.

El fiscal Denis Herrera expuso durante tres horas las transacciones bancarias que realizó en 2007 acompañado de Byron Sánchez, quien fue el secretario privado Meyer para desviar, mediante depósitos, Q82.8 millones de tres cuentas del Congreso a la casa de bolsa Mercado de Futuros, S.A. (MDF).

Conde es acusado de concusión, abuso de autoridad, lavado de dinero, peculado, asociación ilícita y conspiración. “Conde junto con Sánchez fueron los artífices del desvío del dinero”, explicó Herrera.
La fiscalía reactivó la persecución contra directivos y trabajadores del extinto Banco Uno por su presunta participación e implicación en el desvío del dinero a cuentas de personas particulares en el extranjero.

Herrara mencionó que el Juzgado de Paz de Turno giró órdenes de captura internacionales contra los miembros del consejo directivo del banco.

Ana Sucely Ramírez Barrios y Ada Elizabeth Herrera, esposa de Conde, también escucharon la acusaciones.

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