Ejecutivo y Legislativo no defendieron tributos

La Corte de Constitucionalidad (CC) escuchó los argumentos legales en contra de los nuevos impuestos decretados el año pasado en el Presupuesto 2015.

Se esperaba una jornada maratónica durante la vista pública con 16 involucrados; sin embargo, quienes promovieron el Presupuesto 2015 y los impuestos incluidos en él no acudieron.

Se ausentaron los representantes del Congreso, del Ejecutivo y del Ministerio Público.

La única entidad que acudió a la cita fue la Superintendencia de Administración Tributaria, por medio del abogado Emerson Ordóñez, quien reiteró que no es intención del Estado crear impuestos en contra de la justicia tributaria.

Los magistrados escucharon los alegatos legales de las entidades industriales y empresariales en contra del Decreto 22-2014, la Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos, que contempla impuestos a las empresas telefónicas, a la distribución del cemento y aumenta las regalías por extracción minera.

La Cámara del Agro, que impugnó 24 preceptos, fundamentó que no se pueden crear tributos porque existe la reserva de ley en materia tributaria. “La Constitución tiene el principio de supremacía y una ley ordinaria no puede contrariarla”, se refirió Estuardo Ralón, quien también representó al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.

La CC escuchó también el rechazo a la creación del impuesto a la telefonía, el cual impone Q5 mensuales por cada línea y Q100 por planta telefónica, que fue suspendido de forma temporal el 29 de diciembre.

“Se viola el principio de seguridad jurídica, ya que existe doble tributación porque una ley impositiva debe ser clara, precisa y sin contradicciones”, explicó Sergio Flores Sandoval, que representaba a Annie Dougherti.

En la sala de vistas, que estaba abarrotada, expuso el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Carlos Barreda, al recordar que la aprobación de la ley presupuestaria había sido una vergüenza.

El alcalde José Mejía López, de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, solicitó que las regalías de la extracción minera se queden en la localidad.

Cementos Progreso, S. A., y Cemex Guatemala, S. A., por medio de sus abogados, Manuel Pérez y Carlos Revolorio, manifestaron que no existió una iniciativa de ley para el aumento de las distribución del cemento, que pasó de Q1.50 a Q5 por saco. 

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