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Análisis Considero que es demasiado pronto para hacer un informe acerca de las extorsiones. Este juego del gato y el ratón seguirá a otros ámbitos ya que los criminales se estarían trasladando y así se ingeniarán otras formas para realizar las llamadas y cometer las extorsiones. Es un problema que no se va a acabar, se hará hasta que ya no sea lucrativo. Cuando el negocio deja de serlo, se podría decir que han disminuido los casos. Es muy pronto para saber si está funcionando o no este segundo intento por disminuir este flagelo de temor a la población. Ahora hay que ver qué va a pasar con los casos porque cuando hay una intervención de las fuerzas públicas se ha comprobado que el fenómeno criminal se traslada a otras partes. Lo que podría suceder es que las llamadas ya no se hagan dentro de los penales pero si se harán de otros sitios, es ahí donde deberán estar atentos las autoridades y ser drásticos. Adolfo Alarcón, Asíes
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El director del Sistema Penitenciario, Anthony Pivaral recorrió las cárceles de la zona 18 con su celular. Verificaba si había señal para poder hacer una llamada.
El apuro es porque el 21 de enero se tiene previsto realizar el primer informe de la institución en donde se detallará cómo ha estado el funcionamiento del sistema de bloqueadores.
Se trata de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura que fue aprobada el 8 de abril de 2014 que obliga a las telefonías evitar las llamadas desde las 22 cárceles.
La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) puede imponer multas de Q300 mil y Q500 mil por mes de retraso en el bloqueo.
“Esta medida impedirá que los reos puedan coordinar actos de criminalidad”, asegura el viceministro de Seguridad, Eddi Juárez.
El 25 de diciembre arrancó la implementación en diez prisiones de acuerdo un mapa de incidencia, determinando el hacinamiento y aquellos catalogados como de alta peligrosidad, aseguró Mauricio López, ministro de Gobernación.
Son las tres prisiones de la zona 18, las dos de Fraijanes. También las granjas Canadá, El Infiernito, en Escuintla; El Boquerón, en Santa Rosa; Cantel en Quetzaltenango; y la cárcel preventiva en Izabal.
“El bloqueo puede beneficiar a miles de comerciantes aunque podría durar hasta que los delincuentes encuentren nuevas formas de delinquir”, menciona Ronaldo Leiva, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.
En 2007 se instalaron los bloqueadores en 11 prisiones por Q21 millones aunque no funcionaron al cien por ciento ya habían puntos ciegos y los guardias tenían contubernio con los presos.