CC no suspende ley de telecomunicación

Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvieron ayer no suspender en forma provisional 12 artículos de la nueva Ley de Telecomunicaciones, como lo solicitaron algunas agrupaciones.

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El pleno de la CC le otorgó audiencia por quince días al Congreso, a la Procuraduría General de la Nación, a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), a la Cámara de la Industria de Guatemala, a la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y al Ministerio Público para que fijen su postura sobre la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

Fuentes de la CC explicaron que no suspendieron la normativa, como lo solicitaron entidades indígenas, porque consideran que no es necesario resolver de esa manera en esta etapa judicial.

La Anam, la Cámara de Industria, la Municipalidad de Guatemala y grupos indígenas interpusieron acciones en ese organismo, porque consideran que esa legislación viola la autonomía municipal, al retirarle el control a las comunas sobre la autorización de instalar torres de transmisión, y la propiedad privada.

La CC conoció ayer la primera impugnación y durante la próxima semana abordarán las demás.

El martes conocerán la de la comuna capitalina.

Este norma ha generado polémica.

Gerson López, secretario ejecutivo de la Anam, aseguró que mantendrán su postura. “Viola la autonomía municipal”, aseveró.

Ricardo Flores, gerente de la firma Global Consulting Group, añadió que esta ley no riñe con la Constitución. “Simplemente se ordenan los arbitrios municipales y se evita la corrupción”, agregó.

Postura oficial

Las autoridades de la SIT afirman que no opinarán sobre la polémica que se ha generado y que se acatará lo que la ley manda.

• Postura. Eddy Padilla, titular de la SIT, explicó que la nueva norma tiene dos partes. “La primera es obligar a los operadores para que se bloquee la salida de señal telefónica desde la cárcel al exterior. El propósito es que se reduzcan las extorsiones”, afirmó el funcionario. Informó que la segunda consiste en la facultad que tiene la entidad que dirige para autorizar que se instalen torres. “La ley es concreta, y se establecen requisitos para que podamos avalar esas construcción. Si es una propiedad privada, se debe presentar una constancia en la que el dueño autorice”, agregó. Padilla enfatizó que el beneficio es para Guatemala porque se ampliará la cobertura de datos.

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Raúl Barreno y Amilcar Ávila

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