Foto: Pedro Orozco
Luego de la elección de los magistrados del TSE y de la selección del nuevo jefe del Ministerio Público (solo se espera la decisión del presidente Otto Pérez), diez embajadas acreditadas en el país y una concurrente, la delegación que representa a la Unión Europea, el SNU y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pidieron cambios a dicha ley, para evitar los “errores” en los procesos que están por venir, en la Corte Suprema de Justicia, en la Contraloría General de Cuentas y en la Corte de Constitucionalidad.
“Se debería formular el listado de nominados a los cargos públicos en relación con la calificación de cada candidato”, se consigna en el documento.
Además, se sugiere que se utilicen las directrices del SNU sobre la función de los fiscales con el propósito de evitar que se den posibles arbitrariedades de la postuladora. “Se deberían establecer criterios estandarizados que contengan salvaguardas para designaciones basadas en predilecciones o en prejuicios y que excluyan la discriminación en contra de una persona”, se asegura.
Otra recomendación es una evaluación rigurosa de la reconocida honorabilidad de los postulantes para que se cumpla la independencia de la judicatura.
“El voto de cada uno de los miembros de la comisión para elaborar la nómina debería hacerse en forma pública, expresa y clara”, se consiga.
Análisis
La selección no es lógica. Alejandro Balsells, analista del Centro para la Defensa de la Constitución
La reacción de estos países y de la ONU es normal, porque Guatemala durante los últimos años les ha solicitado apoyo para mejorar el sistema de seguridad y Justicia. Es evidente que están preocupados porque los resultados no se ven, a pesar de cambios en algunas normativas. La Ley de Comisiones de Postulación no es lógica porque el voto continúa siendo discrecional y al final no se hace público y solo genera desconfianza e imparcialidad.
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Amilcar Ávila y Raúl Barreno
