Foto: CIJ / archivo
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CIUDAD DE GUATEMALA. La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) denunció este viernes un “pacto de impunidad” en Guatemala para obstaculizar el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra de 30 años que vivió el país entre 1960 y 1996.
“Existe un ataque sistemático en contra de operadores de justicia que indica que existe un pacto de impunidad entre diferentes sectores” guatemaltecos, dijo en rueda de prensa Ketil Lund, delegado de la CIJ y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Noruega, al concluir una visita de cinco días al país.
El jurista afirmó que durante la visita pudieron constatar el “ataque directo e indirecto en contra de la independencia de jueces, magistrados y fiscales por parte de diferentes poderes fácticos”.
Entre los ataque mencionó la suspensión por un año en su cargo de la jueza Yasmín Barrios, quien condenó por genocidio al exdictador Efraín Ríos Montt en mayo del año pasado.
Asimismo, consideró preocupante la anulación de esa sentencia -que condenaba a Ríos Montt a 80 años de prisión- por parte de la Corte de Constitucionalidad, alegando fallos procesales.
Lund comentó que algunas acciones relacionadas con la impunidad tienen como antecedente el racismo existente en el país, donde el 42% de los 15 millones de habitantes son indígenas.
“La CIJ considera que muchas de estas acciones podrían indicar que existe en Guatemala un sistema de segregación racial, en el que se configuran los elementos de un sistema de apartheid de facto”, lamentó.
El delegado para Centroamérica de la CIJ, el guatemalteco Ramón Cadena, instó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un ente avalado por la ONU, a realizar “una investigación profunda sobre este pacto de impunidad”.
La delegación también fue integrada por el costarricense Víctor Rodríguez, expresidente del Subcomité de prevención de la tortura de la ONU, y la salvadoreña María Silvia Guillén, excomisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIJ, integrada por juristas de diversas partes del mundo, fue creada en Berlín, Alemania, en 1952. Su sede se encuentra en Ginebra y su objetivo es promover el fortalecimiento de la justicia y los derechos humanos.
AFP