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Hace una semana Baldetti confirmó en una entrevista que es propietaria de varios centros comerciales y cines en el interior del país, posee un negocio de productos de belleza y uno de verduras. Las declaraciones generaron dudas sobre el monto de su patrimonio.
La titular de la CGC, Nora Segura, explicó durante una conferencia de prensa, que la funcionaria modificó en ocho ocasiones sus bienes.
“Cuando fue congresista registró su apertura, luego hay seis ampliaciones y está el cierre. Cuando asumió el cargo de vicepresidenta hay dos ampliaciones”, informó Segura.
Baldetti confirmó que sí ha hecho modificaciones.
“Ya tengo al menos diez años de entregarle a la CGC el informe de probidad, ocho como diputada y dos como vicemandataria”, añadió.
Agregó que los cambios en su patrimonio los envía aproximadamente una vez al año.
“La ley me obliga reportar un bien mayor a los Q50 mil. Hasta ahora lo he entregado absolutamente todo y hasta mis deudas”, expuso ayer la funcionaria.
El gobernante Otto Pérez también se refirió al tema y explicó que hasta la fecha ha cumplido con entregar su reporte a la Contraloría.
“Nosotros no solo hemos hecho la presentación cada año, sino que también se han realizado actualizaciones de nuestra declaración patrimonial”, expresó Pérez.
Afirmó que más que una ampliación se trata de una actualización de datos.
La jefa de la CGC agregó que resguarda la declaración de probidad de Baldetti como la de otros funcionarios.
“Soy la única que puede ver esos informes, porque la Contraloría General de Cuentas está limitada por la Constitución y por la Ley de Probidad”, añadió.
Marco legal
Las normativas que rigen la declaración patrimonial:
• Resguardo. De acuerdo con el Artículo 21 de la Ley de Probidad y de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, los datos que proporcionaron los empleados del Estado en su declaración jurada patrimonial deben estar proporcionados bajo garantía de confidencialidad, y se prohíbe su divulgación por cualquier medio y solo podrán verificarse en un proceso judicial.
• Solicitudes. El artículo 30 de la Constitución Política consigna que todos los actos de la administración son públicos y que los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones. También pueden solicitar la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.
Análisis
Informes deben de ser públicos. Manfredo marroquín, director de Acción Ciudadana
Insistimos en que esa declaración patrimonial debe ser pública, porque de nada sirve que digan que presentan su informe si no se sabe la procedencia de los recursos, pero muchas agrupaciones políticas se han negado a reformar la Ley de Probidad. Para nadie es un secreto que muchos políticos hacen negocios.
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Amilcar Ávila