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Un estudio que presentaron ayer el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la organización danesa de desarrollo Ibis detalla la importancia de generar espacios de diálogos y de discusión para evitar conflictos mineros.
La representante de la cooperación danesa, María Isabel Orizaba, aseguró que esa problemática poude agudizarse si el consentimiento de los pueblos no es tomado en cuenta.
Miguel Martínez, investigador del Icefi, explicó que se deben realizar reformas a la Ley de Minería relacionadas con la consulta popular, el incremento a la tributación de los ingresos fiscales para el Estado y la promoción de espacios de diálogos.
Según el documento, el conflicto de la minería se genera por opacidad, la fragmentación comunitaria y la estigmatización criminal por la protesta social y los problemas ambientales.
Entre los datos que se presentan en el informe sobresale que durante 2010 de los 230 municipios sin licencias mineras, el 90% no reportó conflictos, por el contrario de los 101 municipios con este tipo de medidas, el 78% sí tuvo problemas.
“La mayoría está relacionadas con el deterioro ambiental, por la contaminación de fuentes de agua y deforestación. La población percibe que las instituciones ocultan información, y se inclinan a la minería. Hay que incentivar más espacios de diálogo”, se consigna en el estudio.
Recursos
Q483.1 millones (equivalente a 5.7% de la producción de minas y canteras) fue el aporte tributario de la minería en 2012.
Otorgación
Actividad minera en el país
• Licencias de exploración. Hay 86 vigentes (87% minerales metálicos) y 448 en trámite.
• Explotación. Hay vigentes 282 (11% minerales metálicos) y en trámite 150.
Amilcar Ávila/ Emisoras Unidas