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El ministro de Energía y Minas, Erick Archila, y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, anunciaron, en conferencia de prensa, que el robo de energía rebasa los Q250 millones al año.
Archila señaló que el 16% de usuarios en el país son ilegales, además detallo en distintos departamentos: En Zacapa el 59% de los habitantes de Zacapa están conectados de manera ilegal, en San Marcos un 52%, Huehuetenango un 40%, El Progreso con 35%, Retalhuleu con 22%, Alta Verapaz con 14%, Suchitepéquez con un 8%, Quetzaltenango con 6% y en el resto de la nación con otro 5%.
“El robo de la energía ocasiona fallas en el servicio debido al aumento desmedido de la demanda producto de la alteración y manipulación de la redes con conexiones ilegales”, afirmó Archila.
Por su parte, López Bonilla vinculó a varias autoridades del del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) como responsables del robo de electricidad en más de nueve departamentos.
“Nacionalizar la energía no significa que la energía sea gratis, eso es parte de una serie de mentiras y actos delictivos llevados a cabo por líderes bajo la sombrilla de una organización social que están lucrando con millones de quetzales”, sentenció el funcionario encargado de la gobernabilidad.
Durante el 2012 y 2013 el impacto económico del robo de energía eléctrica ocasionó pérdidas de Q641 mil millones a las distribuidoras y reportó Q531 mil millones de energía facturada no cobrada.
Luisa María Godínez
