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De Occidente a Oriente, de Sur a Norte, así se mueve un conflicto entre integrantes los Comités de Desarrollo Campesino (Codeca). Lo que empezó en 2008 en poblaciones del departamento de San Marcos, se ha extendido a otros 19, en los cuales el denominador común es pedir la nacionalización de la energía eléctrica mientras conectan a usuarios de forma “ilegal” y les cobran una tasa propia.
Héctor Herrera, encargado de desarrollo comunitario de Energuate, que presta el servicio de energía en 20 de 22 departamentos, asegura que esta organización no puede validarse en una “lucha social que está basada sobre el robo de la energía”.
“Desde 2008 el problema ha crecido. Se han sumado más municipios, porque integrantes de Codeca les han ofrecido que los apoyen mientras se nacionaliza la energía eléctrica”, señala Herrera.
Telma Cabrera, representante de la Codeca, asegura que ellos no están coaccionando a las personas, sino que, basados en la Constitución, “luchan porque acaben los abusos de Energuate contra la población más necesitada”.
Agrega: “Primero nuestra lucha fue contra Unión Fenosa y ahora contra esta empresa de capital inglés. Aunque nos criminalicen, vamos a continuar pidiendo que se respeten nuestros derechos”.
Según el representante de Energuate, la Codeca ha optado por “engañar a la población con algo que es legalmente imposible, y lucran con la venta ilegal de energía”.
La denuncia es que los integrantes de esta Asociación le han colocado a los medidores de energía el logo suyo y le han cobrado entre Q20 y Q50 mensuales a los usuarios, además se les señala de coaccionar a comunidades enteras que no quieren ceder a sus presiones para pagarles a los líderes y no a la compañía.
El ministro de Energía y Minas, Erick Archila, ha asegurado que al año, por esta actividad, el Estado y las empresas privadas, pierden Q210 millones.
Hasta ahora, de 500 denuncias que se han presentado en el Ministerio Público (MP), se ha logrado sentenciar a seis personas.
La fiscal general, Claudia Paz y Paz, explica que “las acciones contra estas personas continúan”.
El Ministerio de Energía y Minas señala que bandas organizadas se dedican a estos hechos ilegales.
Alumbrado público
Para Energuate el problema fundamental en esta conflictividad es el cobro por el Servicio de Alumbrado Público (SAP). La relacionista pública de esta entidad, Stephany Dávila, fundamenta que los problemas se derivan del cobro elevado que hacen algunas comunas por ese servicio.
De hecho según estudios de la empresa 60% de sus usuarios pagan más por alumbrado que por su propio consumo.
Gerson López, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), refiere que “es una irresponsabilidad de Energuate decir esto, ya que ese pago es solo un componente de la factura, pero hay otros rubros que encarecen el servicio”.
López agrega: “La conflictividad es preocupante, porque al final que un vecino no pague su factura afecta a otros que sí lo quieren hacer”.
Herrera, de Eneguate, refiere que en San Marcos han logrado conseguir que de 13% de pobladores que pagaban su factura ahora lo haga el 19%. “Hay mucha gente que está cansada de pagarles a esos grupos”, explica.
La Anam cree que lo que comenzó con un grupo pequeño, ganó terreno porque en muchos puntos del interior del país el servicio aún presenta deficiencias. López señala que hay partes donde no hay potencia.
Raúl Barreno Castillo