El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaron 50 allanamientos en Esquipulas, Chiquimula; Puerto de San José, Escuintla; Jocotenango, Sacatepéquez; y Mixco, Guatemala, y capturaron a 17 personas, entre ellas ocho abogados y notarios donde destaca Rodolfo Lázaro Padilla, defensor de Roberto Barreda, procesado en el caso Siekavizza.
La fiscal general Claudia Paz y Paz aseguró que esta estructura criminal operaba desde 2000 en diversos puntos del país, y había 25 expedientes abiertos en esa institución.
En el caso del abogado de Barreda, el proceso se le seguía desde 2009, y la jefa del MP aseguró que nada tiene que ver con el caso Siekavizza, tal como lo hizo saber el defensor durante su captura.
El modus operandi de esta red, según el ministro de Gobernación, Mauricio López, era soportado por testaferros, empleados del Registro de la Propiedad y del Archivo General de Protocolo del Organismo Judicial, en donde usaban las firmas registradas de notarios muertos.
Las pesquisas revelan que la mayoría de víctimas era de la tercera edad; residían en Estados Unidos con propiedades en el país; solas o con núcleos familiares pequeños.
El MP sostiene que esta estructura está vinculada al asesinato de Flor de María Gil Ovalle, jueza de Trabajo del Organismo Judicial en agosto de 2009 y su hijo en 2009. Ella denunció el despojo de cuatro propiedades y por esta razón la mataron.
Otros casos 4 fincas bastante extensas y valiosas figuran entre los bienes e inmuebles que esta banda despojó en el país.
Los detenidos 1. Rodolfo Lázaro, Ligia Alvarado, Olga Valenzuela, Víctor Chichilla, Jeddu García, Orlan Cáceres, Werner Ortiz, José Rodríguez, Gerardo Flores, Auxilio Manrique, Sonia Orellana, Ruth López, Oscar Recinos, Leslie Rosas y Oscar Escobar, Sayda Corado. 2. José Rodríguez, trabajador del Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial sustraía hojas de protocolos en blanco de su unidad para proporcionárselas a la estructura criminal y elaborar escrituras públicas a nombres de notarios muertos. 3. El MP señala que los integrantes de esta banda obtenían los datos de las personas a quienes les robaban sus propiedades por medio de la lectura del contador de energía eléctrica. 4. El MP investiga si el asesinato de la abogada Lea de León, el 14 de febrero, que denunció el despojo de dos bienes inmuebles de su abuela, tiene relación con la red. Las investigaciones determinaron que esas propiedades ahora están a nombre de Auxilio Manrique Fuentes, supuesto testaferro de la estructura.
RAÚL BARRENO CASTILLO