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Asociaciones de campesinos, indígenas y agrupaciones pro derechos civiles de Guatemala denunciaron ayer ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) la criminalización de las protestas sociales en el país y reivindicaron el derecho a la consulta previa de las minorías.
Carlos Bezares, representante de la Asociación Ceiba, explicó ante los comisionados que el vacío legal que existe ante la consulta previa de los pueblos sobre las decisiones en sus propios territorios ha derivado en un abuso de las competencias penales, llegando a acusar de terrorismo a los ciudadanos que ejecutan su derecho a la protesta.
“La cuestión es entender el conflicto social que esto conlleva. Lo que ha ido demostrándose es que el Estado está diciendo ante los medios de comunicación que su enemigo es el indígena, el campesino, el pobre”, añadió Bezares durante la audiencia en la CIDH que comenzó ayer en Washington.
Publinews / Agencias
