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CIUDAD DE GUATEMALA. Activistas humanitarios y sectores de derecha de Guatemala recibieron con antagonismo la candidatura al Premio Nobel de la Paz 2013 de la Fiscal General, Claudia Paz, por su trabajo en el proceso por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt.
La nominación de la funcionaria guatemalteca fue promovida por el Instituto de Investigación sobre la Paz de Oslo (PRIO en inglés) y por el grupo de Mujeres Premio Nobel, de la que forma parte la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, galardonada en 1992.
Los activistas de derechos humanos alaban la nominación, mientras que defensores de Ríos Montt y otros sectores la repudian por considerar que Paz es un factor de polarización política e ideológica en el país.
El premio a la fiscal “sería un excelente reconocimiento al trabajo en el fortalecimiento de la justicia, sobre todo al apoyo que dio (la fiscal) al esclarecimiento de casos de genocidio”, dijo a periodistas el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Nery Rodenas.
“Eso (el Premio Nobel) impulsaría y fortalecería la administración de justicia en estos temas en Guatemala”, puntualizó.
En tanto, Carmen Aída Ibarra, dirigente del no gubernamental Movimiento Pro Justicia, consideró que durante la gestión de Paz la justicia guatemalteca se activa y persigue las atrocidades cometidas por los militares durante la guerra.
“La fiscal no se merece en lo más mínimo, ni siquiera ser mencionada como candidata al Premio Nobel de la Paz”, consideró, por su parte, Ricardo Méndez-Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala, integrada por militares retirados y familiares de víctimas de la exguerrilla.
Para Méndez-Ruiz la fiscal general ha polarizado a la población desde que llegó al cargo en 2010, debido a que ahora la “sociedad está ideológicamente confrontada, mucho más que cuando se dio el conflicto armado”.
Una apreciación similar tiene Francisco Palomo, uno de los abogados defensores del exdictador, al indicar que la nominación de Paz es “es puro efecto propagandístico. Paradójico, porque el caso de Ríos Montt, que aún no tiene sentencia, lo único que ha estado a punto de generar es guerra en el país”.
Ríos Montt, de 87 años, fue condenado a 80 años de prisión en el primer juicio por genocidio en Guatemala, pero luego la sentencia histórica fue revertida diez días después. El proceso está detenido y posiblemente se reinicie el próximo año.
El exdictador fue acusado de la autoría intelectual de la masacre de 1.771 personas de la etnia Ixil ocurrido en 1982 en comunidades del departamento de Quiché (norte) durante su gobierno de facto (1982-1983).
AFP