Ocho contratos lesivos al Estado, sin resolver

La Procuraduría General de la Nación (PGN) está a la espera de que los tribunales de justicia resuelvan la lesividad de varios acuerdos que se han firmado de 1991 a 2011.

Por Publinews

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Publinews tuvo acceso a los expedientes de la PGN sobre la lesividad de contratos que el Estado ha suscrito con entidades particulares. Todos están a la espera de una sentencia.

Entre estos está la demanda contra Equipos del Puerto, S. A., que el 23 de noviembre de 1998 suscribió un contrato de concesión para “la prestación de servicios de recepción, despacho, transferencia y movimiento de contenedores y furgones”, y tres años más tarde firmaron otro que le alquilaba la maquinaria y el equipo de la Empornac.

En este caso, según el titular de la PGN, Vladimir Aguilar, hay ya sentencia favorable, y están a la esperan de que la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo quede integrada y defina el pago de Q281 millones, de ambos contratos.

Otro proceso es el 140-91, de la adjudicación de 643.431 caballerías en áreas protegidas de Izabal (Sierra de Santa Cruz, Punta de Manabique, Cerro San Gil y Bocas del Polochic).

Este, según las autoridades, fue declarado lesivo porque la entidad que lo entregó, el Instituto de Transformación Agraria, no tenía la facultad para darlo.

Otro expediente es el de Fegua y Ferrovías de Guatemala, S. A., en donde la PGN justifica que no se respetó la Ley de Contrataciones del Estado y su solicitud es que el equipo regrese al Estado. Está pendiente de sentencia por recusaciones.

Los contratos 360 y 361-2006 se refieren al otorgamiento a Bodegas Fiscales de Carga, S. A., para que instalara equipo de verificación de aranceles de mercadería que iba a ingresar en el país por los puertos Quetzal y Santo Tomas. La lesividad, según la PGN, es que no se puede transferir a un particular la función de la SAT.

El 371-2009 es un proceso que tiene que ver con la cesión de tierra que le hizo la CDAG en 2005 al Estado para ampliar el aeropuerto La Aurora y evitar con esto la descertificación internacional.

El Estado obtuvo la porción del bien que necesitaba, “pero tuvo que otorgar, en el mismo sector, una extensión de 224 mil 770.06 metros cuadrados y pagar Q98 millones 994 mil 689.25.

La incoherencia, según la PGN, es que el Estado se deba pagar así mismo. El último caso es la entrega de una finca en la Libertad, Petén, por el Fontierras que era parte de la Biósfera Maya. Todos los casos se encuentran detenidos por acciones, recursos o recusaciones.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Medrano, explicó que la mora judicial en estos casos es grande, y agregó que se necesita de una transformación de los procesos a la oralidad para agilizarlos.

Raúl Barreno

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