Foto. EFE
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En esta localidad no había seguridad pública. En 2005 los pobladores quemaron la subestación de la policía como protesta por actos de corrupción, la falta de servicios y el alza al precio del transporte urbano.
Sin embargo, el ministro de Gobernación, Mauricio López, vinculó el hecho con cuatro sicarios, supuestos pandilleros, que le dispararon a las personas.
Algunos vecinos consultados aseguran que las autoridades deben investigar a agentes de la Policía Nacional Civil “corruptos” quienes serían los responsables.
La versión la sustentan en que una hora antes del ataque una unidad de la policía pasó por la tienda y advirtió que podría haber un ataque y debían retirarse.
“Creemos que el hecho fue perpetrado como una venganza de pandilleros”, afirmó el jefe de Gobernación. Las autoridades ofrecieron ahondar en la investigación.
Para López los índices criminales en este lugar son bajos y le causa sorpresa este hecho.
Socorristas voluntarios trasladaron a 18 personas heridas a centros asistenciales de la capital.
Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, aseveró que es necesario aclarar el hecho porque “la gente vive con temor de lo que pueda ocurrirle en el país”, señaló.
Mario Itzep, director del Observatorio Indígena, expresó que espera que este no sea un hecho planificado para criminalizar a los pueblos indígenas de esta zona.
Análisis
La gente tiene miedo
Pese a que el Gobierno ha intentado demostrar que han bajado los índices de violencia, este hecho, y el de Salcajá, complican el panorama, porque la sensación de las personas es que no hay seguridad. Es difícil definir si fue una pandilla o el narcotráfico, por los patrones en que se hizo la masacre. Que no haya sede de la policía complica mucho más el panorama, debido a que habrá que esperar la reacción ante la presencia de agentes de nuevo.
Raúl Barreno/ Agencias