Foto: Amilcar Avila
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió este jueves a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala revertir la anulación del fallo por genocidio dictado en mayo pasado al exdictador Efraín Ríos Montt.
La sentencia de 80 años de prisión fue emitida el 10 de mayo por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, tras un juicio al que asistieron delegados de la FIDH. Sin embargo, la decisión fue anulada 10 días después por la sala constitucional que alegó “errores en el proceso”.
En una rueda de prensa, miembros de la FIDH instaron a la máxima instancia judicial del país “a reconsiderar y reformar su decisión, manteniendo vigente la sentencia condenatoria”, al presentar un informe sobre las dos misiones de observación que hicieron durante el juicio.
En el documento solicitaron a los magistrados validar la sentencia contra Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad por la matanza de 1.771 indígenas ixiles perpetrada durante su gobierno de facto (1982-1983), como una forma de “respetar la obligada aplicación del derecho internacional de los derechos humanos”.
Jo-Marie Burt, una de las observadoras, dijo que el informe destapa la “estrategia dilatoria (…) haciendo uso de un litigio malicioso” utilizada por la defensa del exdictador, así como las presiones a los magistrados por parte de “ciertos grupos de poder, vinculados a élites económicas del país”, con el fin de anular la sentencia.
Aunque la Corte de Constitucionalidad anuló el fallo, ordenó retrotraer el juicio a un estado anterior a la sentencia, pero el proceso aún no se ha reiniciado.
Burt destacó que la sentencia fue “un hito histórico en Guatemala y ejemplo para toda la comunidad internacional”, por ser la primera condena por genocidio contra un exdictador latinoamericano, por lo que aseguró, su anulación “es una prueba más de la impunidad” en este país centroamericano.
El informe será entregado a las instancias judiciales de Guatemala, entre esas a la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, explicó a la AFP Manuel Ollé, otro integrante del grupo observador.
El gobierno de facto de Ríos Montt fue uno de los más cruentos de la guerra civil en Guatemala, que dejó 200.000 muertos y desaparecidos, según un informe de la ONU.
AFP
