Futuro de exjefe policial queda en manos de CSJ

La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso la condena de 70 años de prisión contra Pedro García Arredondo por la desaparición forzada del estudiante universitario Edgar Sáenz Calito.

30.pag2.4col.Emisoras UnidasEl fallo de la CC amparó al exjefe de la Policía Nacional (PN), quien busca mediante su defensa que se anule la sentencia de 70 años en su contra por la desaparición forzada del estudiante de la Universidad de San Carlos, Edgar Sáenz Calito en 1981.

El subsecretario de la CC, Giovanni Salguero, manifestó que la resolución le ordena a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que aclare por qué no le dio trámite a una solicitud de antejuicio contra el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, y se pronuncie respecto del rechazo de la solicitud de la defensa del exjefe de la PN.

Salguero aseveró que el fallo no significa que García Arredondo sea eximido de su responsabilidad en el caso, ni anula la sentencia condenatoria, aunque la defensa sostiene que un cambio de delito podría variar la sentencia.

Desde agosto del año pasado la defensa del exfuncionario había presentado la acción con el propósito de dejar nulo el juicio por la desaparición de Sáenz Calito.

Ese mismo mes el Ministerio Público (MP) había logrado comprobar que el exjefe policial ordenó a sus subalternos la detención del universitario el 6 de octubre de 1981.

Los hechos ilícitos por los cuales el tribunal, presidido por Yassmin Barrios, lo condenó es desaparición forzada y delitos de deberes contra la humanidad.

De acuerdo con Galindo, la CC ha establecido que los casos del conflicto armado interno, previo a que un juzgado o un tribunal los conozca, “debe diligenciarlos por un procedimiento especial y judicial que existe en la , donde una Sala de la Corte de Apelaciones determinará si los hechos que se pretenden acusar o juzgar están o no prescritos”, explicó.

Y sobre este argumento, considera que esta resolución de la CC anula la sentencia contra su defendido. Grupos de derechos humanos se han opuesto a las maniobras jurídicas de la defensa y señalan que no se puede usar la Ley de Reconciliación.

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