Foto: Archivo
El presidente Otto Pérez afirmó este sábado que ya no opinará más sobre el tema de genocidio, delito que asegura no se cometió en el país durante la guerra civil, a pesar que un tribunal condenó el viernes por ese crimen de lesa humanidad al exdictador Efraín Ríos Montt.
“Yo ya opiné, yo ya en su momento dije lo que tuve que decir (…) yo no voy a opinar más sobre esto (genocidio)”, dijo el gobernante guatemalteco en conferencia de prensa en la Casa Presidencial, en el centro histórico de Ciudad de Guatemala.
Ríos Montt fue sentenciado a 80 años de prisión al ser responsabilizado por 15 masacres a manos del Ejército de 1.771 indígenas mayas-ixiles en el departamento de Quiché (norte), durante su régimen de hierro entre 1982 y 1983, en tanto que su exjefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez, fue absuelto de los mismos cargos.
“Aquí la postura del presidente es la no interferencia de poderes y respeto absoluto a los sectores de justicia (…) y (con) la sentencia (algunos) podremos estar de acuerdo y (otros) podemos estar en contra”, indicó el mandatario al finalizar una reunión con sus ministros asignados a los aspectos de seguridad.
El genocidio es un tema espinozo para el presidente, un general retirado señalado por varias organizaciones de derechos humanos de haber participado en ejecuciones contra indígenas en el norte del país. Incluso un testigo durante el jucio vinculó al propio Pérez con masacres cometidas entre 1982 y 1983.
“A órdenes del mayor (en ese entonces) Tito, conocido como Otto Pérez Molina, y otros oficiales coordinaron la quema y el saqueo de la gente para luego ejecutarla” en la aldea Xalbal (Quiché), afirmó en su declaración el especialista y exmiembro del cuerpo de ingenieros del ejército, Hugo Reyes.
Ríos Montt permanece desde la noche del viernes en una cárcel “civil” dentro de un cuartel militar en el centro de la capital guatemalteca, donde no se ha reportado ninguna “anormalidad”, indicó a la AFP el vocero del Sistema Penitenciario, Rudy Esquivel.
Los abogados defensores del exdictador iniciaron una batalla jurídica para revertir el fallo, incluida la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país, donde ya se encuentran algunos recursos, según informaron medios locales.
El gobierno de facto de Ríos Montt, que inició el 23 de marzo de 1982 y concluyó el 8 de agosto de 1983, fue uno de los más sangrientos de la guerra civil que sufrió el país de 1960 a 1996, la cual dejó 200.000 muertos o desaparecidos, según la ONU.
Agencias
