El primer fallo para cumplirse de inmediato ordenó al Tribunal Primero A de Mayor Riesgo que entregue, en un plazo de dos horas el expediente del caso por genocidio y deberes contra la humanidad a la jueza Patricia Flores, para que reciba las pruebas que en su momento fueron rechazadas a la defensa de Ríos Montt.
La CC dio con lugar una acción de amparo que había planteado los defensores del exjefe de Estado en 1982-1983.
El Tribunal A de Mayor Riesgo remitió el expediente a una judicatura de primera instancia de turno, porque el juzgado a cargo de Flores ya había cerrado.
A partir de esta acción, la jueza, quien el 18 de abril último decidió retrotraer el juicio al 23 de noviembre de 2011, ahora deberá aceptar las pruebas que en un principio habían sido presentadas al Tribunal B de Mayor Riesgo, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez. Se prevé que resuelva hoy este incidente.
En la reunión, el pleno de magistrados también resolvió amparar a Ríos Montt y su defensor Moisés Galindo, quienes accionaron contra la presidenta del Tribunal, Yassmin Barrios, por expulsar al defensor Francisco García el 19 de marzo, en el inicio del debate, y admitirlo de nuevo en la defensa. Un ocurso planteado por el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos fue declarado sin lugar por presentarlo fuera del tiempo y a un órgano equivocado.
Mientras esto ocurría en la Corte, en varias arterias de la capital se desplazaron dos movimientos: uno de familiares de víctimas que hicieron un plantón frente a la CC para exigir que se continúe con el debate, y otro, encabezado por la Fundación contra el Terrorismo, acompañado de campesinos de Quiché que pedían ser testigos en el proceso y negaban el genocidio.
El debate fue suspendido por la jueza Flores el 18 de abril último. En esa oportunidad la titular de esa judicatura resolvió retrotraer el proceso a la fase intermedia, lo cual fue criticado por la misma CC, quien aseguró que no era ese el espíritu de lo que habían ordenado.
