Las contradicciones entre el sindicato de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y el Ejecutivo han crecido luego de que el presidente Otto Pérez anunció el miércoles pasado que le entregaron los terrenos a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), después de haber llegado a un acuerdo con trabajadores del lugar.
Los sindicalistas aseguran que el diálogo no se ha agotado y que no están en contra de la modernización del puerto, pero no comparten la idea de la privatización.
Los inconformes analizan qué medidas tomarán en contra del usufructo. Ayer se reunieron y se les brindó información a los afiliados del sindicato sobre el contrato que hace ocho meses el Estado firmó con la empresa TCQ, subsidiaria de la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB).
Por el momento vamos a plantear nuevas acciones legales, pero les aseguro que no descartamos las medidas de hecho”, comentó Lázaro Reyes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la EPQ.
Reyes aseguró que hoy podrían acudir al juzgado para interponer una serie de recursos con el propósito de evitar “la privatización” del puerto.
Ante la sospecha de la paralización de labores y del posible bloqueo del ingreso a la portuaria, el Ministerio de Gobernación envió un contingente de agentes de la Policía Nacional Civil y de elementos del Ejército.
Nos preocupa el hecho de que hayan enviado a las afueras de la portuaria a las fuerzas de seguridad, por eso dialogamos hoy (ayer) con representantes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que supervise que no se nos violen los derechos”, manifestó el líder sindical.
El titular de Gobernación explicó que los elementos permanecen solo como una medida de prevención.
El Miércoles Santo Pérez ofreció una conferencia de prensa en la que anunció que tras haber llegado a un acuerdo con la mayoría de los trabajadores y luego del rechazo de al menos cinco acciones legales, se les entregó a representantes de la empresa española el terreno de una extensión de 348 mil 171 metros, por 25 años.
El Gobierno siguió muy abierto a la discusión, pero al ver que se estancó la mesa de diálogo se prefirió que las argumentaciones fueran diluidas en las instancias judiciales”, le afirmó a la prensa Allan Marroquín, interventor de la Portuaria Quetzal.
Camino difícil
- En julio del año pasado el presidente Otto Pérez anunció un contrato de usufructo con TCQ en el que se le otorgó un área de 348 mil 171 mil metros cuadrados para que esa empresa construya una terminal de contenedores. “Se busca modernizar, no se está privatizando”, dijo Pérez.
- Tras las declaraciones del gobernante, los trabajadores optaron por medidas de hecho. Por varios días se paralizaron las labores, lo que generó pérdidas millonarias.
- Ante las acciones de los empleados del lugar, se instaló una mesa de diálogo, pero que no tuvo mayores avances. Por lo que se plantearon distintas acciones legales.
- El miércoles pasado se presentó a Juan Juárez como directivo de TCQ, quien aseguró que el proyecto consta de tres fases.
Postura
Con este proyecto Guatemala se modernizará, necesitamos ser más competitivos y se garantiza estabilidad laboral para los trabajadores”.
Otto Pérez, presidente de Guatemala.
Críticas
En el Congreso hay reacciones ante el usufructo
• Cita. La diputada de EG Nineth Montenegro buscará reunirse con el interventor Allan Marroquín.
• Oposición. Líder analiza varias acciones legales en contra del usufructo. “Es una burla al pueblo”, expresó Leonardo Camey subjefe de bloque.
