El fiscal Héctor Canastuj explicó ayer durante una audiencia en la sede judicial que la petición se hizo porque los operadores de justicia y otras personas dentro del proceso han sufrido amenazas, como el caso de la empleada doméstica Petrona Say, quien fue presuntamente amenazada por la expresidenta de la CSJ Beatriz De León, madre del principal sospechoso de la desaparición de Siekavizza, Roberto Barreda.
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Entre las pesquisas, según el fiscal hay un documento que estableció que se quería dar muerte a un investigador del caso.
Otros argumentos de la fiscalía son que personas ajenas al caso se han hecho pasar por empleados de empresas telefónicas y se movilizaron en un vehículo blanco para intimidar a los agentes pesquisidores.
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Además, Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, querellante del caso, aseguró que ha recibido amenazas de muerte.
Incluso agregó que desconocidos ingresaron en la residencia de un auxiliar fiscal y robaron una computadora que contenía información del caso Siekavizza.
Para Iduvina Hernández, directora de Seguridad en Democracia, esta resolución debe servir para que el caso avance y la red de impunidad que lo “abriga” deje de funcionar.
La defensa de la expresidenta de la CSJ anunció que presentarán una apelación ante los órganos jurisdiccionales por considerar que el caso no ameritaba llevarlo a Alto Riesgo.