La sesión se suspendió después de la juramentación de Lemus / Foto: José Castro
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Como se esperaba, ayer la primera sesión ordinaria de 2013 en el Congreso no tuvo mayor trascendencia, ya que por falta de cuórum se suspendió.
Solo lograron la juramentación de Marco Antonio Lemus, del Partido Patriota (PP), quien asume una curul en lugar de Catalina Pastor, quien murió en un accidente aéreo en diciembre del año pasado.
La incorporación de Lemus al Legislativo generó críticas, ya que es señalado de ser contratista del Estado de2006 a2010.
En el portal Guatecompras aparecen por lo menos diez contratos de unos Q14 millones, la mayoría son con el Ministerio de Comunicaciones.
Algunos congresistas alegaron que, según la Constitución: “No pueden ser diputados los contratistas de obras o empresas que costeen fondos del Estado”.
Sin embargo, la aprobación para juramentarlo recibió 89 votos a favor.
La plenaria fue convocada a las nueve de la mañana, pero una disputa por los curules la retraso.
Congresistas del PP denunciaron que integrantes de Líder se sentaron en sus lugares. Esta bancada argumentó que por contar ahora con más funcionarios necesitan más espacio.
El jefe del Legislativo, Pedro Muadi, convocó a una reunión de jefes de bloque y luego de discutir el tema por varios minutos y de reacomodar los puestos reanudaron la sesión, que duró por lo menos tres horas
¿Transfuguismo?
Luego de las denuncias sobre “compra” de curules varios diputados se pronunciaron.
• Responde. El jefe de este organismo, Pedro Muadi, aseguró ayer que desconoce los casos de compra de curules, pero que en su mandato se dedicará al tema de la transparencia y no a evitar el transfuguismo. “Lo que pido a estas personas que están haciendo las denuncias que las hagan de manera legal. Si alguien tiene evidencias de la compra de diputados, su obligación es acudir al Ministerio Público”, expuso el congresista.
• Reacción. Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, aseguró que no se ve voluntad política para evitar el transfuguismo. “Esta práctica se debe tipificar como un delito, solo demuestra que no hay lealtad. Por eso, se debe modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos”, afirmó Marroquín.