La Cicig, un organismo de las Naciones Unidas, elaboró durante 18 meses un informe en el que analiza de forma exhaustiva los fallos emitidos por los 18 magistrados en diversos casos de tipo penal, explicó el fiscal.
El documento, denominado “Los jueces de la impunidad”, fue entregado el miércoles a la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, reveló Dall’Anese.
Por su parte, la Asociación de Jueces y Magistrados pidió que sean verificados los señalamientos y que se realice un proceso transparente donde se respete la dignidad de los juzgadores.
“Espero que después de analizarlo (Paz y Paz) inicie las denuncias y procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia” para que le sea retirada la inmunidad a los jueces señalados y sean enjuiciados, añadió.
Las investigaciones realizadas por la Cicig arrojaron “evidencias de que” los jueces “han favorecido al poder corrupto y las estructuras criminales”, argumentó.
Aclaró, sin embargo, que no se tienen evidencias de que los magistrados señalados formen parte de esos grupos criminales ni a cambió de qué emitieron los fallos cuestionados.
El informe señala directamente a los jueces Mario Fernando Peralta Castañeda y Rossana Maribel Mena Guzmán de “haber sido captados por estructuras criminales”, y a Julio Gerónimo Xitumul, Irma Leticia Valenzuela, Patricia Anabella Veras y Coralia Carmina Contreras de “favorecer la impunidad”.
Los magistrados Carlos Antonio Aguilar, Silvia Coralia Morales, Artemio Tanchez, Héctor Echeverría, Fausto Corado Morán y Byron de la Cruz son señalados de “favorecer estructuras criminales que adversan la presencia de la Cicig en Guatemala”.
La Cicig acusa de dictar fallos “que han favorecido a personas vinculadas al poder corrupto” a los jueces Dina Josefina Ochoa Escribá, Sergio Leonel Castro Romero, Silvia Violeta de León Santos, y Amílcar Enrique Colindres Hernández.
Además, señala a los jueces Verónica Galicia Marroquín y José Eduardo Cojulún de emitir “resoluciones que han favorecido a un poder difuso”.
El jefe de la Cicig podría constituirse como querellante adhesivo (acusador) en los procesos judiciales que se inicien en contra de los jueces señalados, “para detener la impunidad” que estos han fomentado.
Dall’Anese subrayó que no espera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia apoyen o rechacen el informe, sino que “apliquen la ley apegados a derecho”, aunque advirtió que se corre el riesgo de que los jueces señalados y otros “aún no mencionados” cierren filas.
Según la legislación guatemalteca solo los magistrados del Supremo pueden retirar la inmunidad de un juez para que sea procesados.
Esa decisión la deben tomar con base en un informe elaborado por otro juez, quien deberá analizar las denuncias y determinar la existencia de indicios de delito. EFE