Así lo revela el decreto 4-2012 que se publicó ayer en el diario oficial con el propósito de incluir a Suchitepéquez en el estado de Calamidad.
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Sin embargo, para que estas adquisiciones sean transparentes, en la sesión plenaria los diputados, que ratificaron de urgencia nacional por 30 días este decreto, incluyeron varias enmiendas, por ejemplo que cada unidad ejecutora les reporte todos los gastos, se tiene que elaborar un listado con las empresas que se contraten, no se permitirá el traslado de los fondos y queda prohibido hacer compras que no sean necesarias para mitigar la emergencia.
“Esperemos que con el candado que pusimos el Ejecutivo optimice esos recursos”, explicó Amílcar Pop, de Winaq.
Expertos coinciden en que históricamente el país no aprende de catástrofes anteriores, pues siempre se endeuda de la utilización de los recursos y fondos para la mitigación de daños.
“Cada vez que impacta en el país un fenómeno natural también hay una gran vulnerabilidad a que se presente la corrupción”, dijo Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana.
Luis Rodríguez, analista de la Universidad de San Carlos, asegura que tiene que haber transparencia en todo el proceso.
“Hay precedentes sobre la malversación de fondos cuando se decreta un estado de Calamidad. Es por eso que la población tiene que fiscalizar las acciones del Ejecutivo”, comenta.
La vicepresidenta Roxana Baldetti ofreció difundir un listado de lo que se compre a diario, del proveedor, el precio y el descuento que se les haga.
“Todo se publicará en el portal Guatecompras y no se permitirá adquisiciones que no sean destinadas a la reconstrucción del país”, enfatizó Baldetti. a. avila
“Todo funcionario que no siga los procedimientos de compra como la ley manda será destituido”. Otto Pérez, presidente
Buscan fondos
El ministro de Finanzas, Pavel Centeno, aseguró ayer que se identificaron unos Q165 millones en préstamos para que sean destinados al tema de reconstrucción, pero expresó que aún están evaluando esa cantidad.
Baldetti explicó que aún se analiza qué empresas podrían contratarse para la reconstrucción. “Ya hay cinco interesadas, pero aún analizamos. Lo que sí será una realidad es que nos darán los precios a un menor costo”, comentó la vicemandataria.
Directivos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores dijeron que que es necesario que se establezcan una mesa de fiscalización para el uso correcto de los recursos.
Ojalá no sea una excusa
Hugo Maúl, analista económico del Cien
Cuando se decreta una normativa como esta siempre se busca una justificación para el uso de recursos, sobre todo las empresas que se encargan del tema de la construcción y venta de bienes.
Ojalá no sea una puerta a la apertura de más deuda flotante con la adquisición de obras.
Es importante ayudar, pero todo el dinero tiene que ser bien utilizado.
Esta catástrofe ocurrió en medio del atraso de la ejecución presupuestaria y de la deuda flotante.
Repito, ojalá que no se aprovechen del uso de estos recursos para malversar fondos.