Ayer la sesión se suspendió sin que se conozca la ley
Un documento con mil 700 firmas de ciudadanos que exigen la aprobación de la ley que penaliza el enriquecimiento ilícito le fue entregado a la diputada Nineth Montenegro.
Mientras los diputados discutían por aprobar un punto resolutivo en el que se conocerían los hechos ocurridos en Totonicapán, varias organizaciones de la sociedad aprovecharon que la congresista salió por un momento del hemiciclo para hacerle la entrega.
“Lamentamos todo el desgaste político que esta iniciativa ha generado”, declaró la segunda vicepresidenta del Legislativo.
Lilian Álvarez, miembro del Observatorio Ciudadano para la Paz de Alta y Baja Verapaz, comentó que esta iniciativa nace luego de que esa ley está dormida desde hace varias semanas.
“La población a través de estas firmas pide que de urgencia sea discutida la iniciativa, porque quiere que el tráfico de influencia acabe de una vez por todas. Estamos cansados de ver muchas personas que aspiran a un puesto solo para enriquecerse”, dijo Álvarez. Este clamor tendrá que esperar de nuevo, pues la agenda se entrampó durante la discusión de un punto resolutivo para que se investiguen los hechos en Totonicapán. Luego de tres horas, la sesión se suspendió. Se convocó para el jueves. publinews/agn
Sesión de ayer
1 A las 12:30 del mediodía se inició la sesión.
2 Con 132 votos a favor se aprueba, en tercera lectura, modificar la Ley contra la Narcoactividad.
3 Con 134 votos la Ley contra la Narcoactividad queda aprobada en su redacción final. Le corresponde el Decreto Número 27-2012.
4 Ivan Arévalo, del PP, presentó una moción para conocer un punto resolutivo para pedir la investigación en el caso de Totonicapán.
5 Luego de tres horas de no se llegó a acuerdos y se suspendió la sesión.
Aprobada
Con 134 votos se modificó ayer un artículo de la Ley de Narcoactividad para que ahora la droga sea quemada en el lugar donde ha sido incautada, y solo se tomará una muestra que servirá como prueba para el proceso penal.
Esta ley fue decretada en septiembre de 1992 con el fin de proveer todas las medidas legales necesarias para prevenir, controlar, investigar y sancionar toda actividad relacionada con producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y comercialización de estupefacientes.
Se dio un plazo no mayor a diez días para que esa reforma se publique en el diario oficial.
