Cuerpo diplomático escuchó la versión del Ejecutivo
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¿Usar o no al Ejército para disolver las manifestaciones como las del pasado jueves? Es la pregunta que embajadores acreditados en Guatemala y algunos funcionarios se hicieron ayer luego de los enfrentamientos de los campesinos con las fuerzas de seguridad que dejaron ocho fallecidos en Totonicapán.
El Ejecutivo convocó al cuerpo diplomático para explicarles qué sucedió ese día en el kilómetro 170 de la ruta Interamericana.
“La intervención del Ejército en las labores de seguridad civil ese día se debió a que los agentes de la Policía Nacional Civil no fueron suficientes para la cantidad de bloqueos de ese día”, justificó Miguel Ángel Balcárcel, titular de la Comisión para el Sistema Nacional de Diálogo.
Los cuestionamientos no tardaron en llegar.
El embajador de Israel, Eliahu López, expresó que en los eventos del jueves pasado se debe analizar el papel del Ejército.
“Se demostró que no son capaces de manejar ese tipo de conflictos”, dijo López.
Arnold Chacón, de EE. UU., comentó que ese no es papel del Ejército, sino de la Policía. “Es por eso que Estados Unidos y otros países estamos trabajando mucho para capacitar a una policía que sea efectiva y que cumpla con su trabajo”, aseguró Chacón.
La representante de la Unión Europea en el país, Stella Zervoudaki, comentó que no cree que sea una buena idea que las fuerzas castrenses sean usadas para esos fines.
El presidente Otto Pérez se comprometió a revisar los protocolos que se usan para evitar que se repitan los disturbios similares.
En el Congreso fueron citadas las autoridades de seguridad y el Procurador de los Derechos Humanos. El ministro de la Defensa, Ulises Anzueto, se excusó.
“Algunos de los soldados dispararon en defensa propia”, informó Edwin Nájera, viceministro de la Defensa.
Amílcar Pop, congresista de Winaq, lamentó que esa sea la justificación de las autoridades. “Cómo van a decir que por miedo y por defenderse mataron a ocho personas. El Ejército no debió estar presente en el lugar. Son culpables de esas ejecuciones”, añadió Pop.
“En ningún momento prevaleció el derecho a la vida. Lo ideal es que solo las fuerzas de seguridad ciudadanas sean las que se encarguen de disolver este tipo de protestas, eso sí, hasta que se agote el diálogo”, comentó Jorge De León, jefe de la PDH. amilcar avila
“En ciertas latitudes ocho muertos es una cosa muy grande; aunque suena muy mal decirlo, todos los días tenemos el doble de muertos de ocho”. Harold Caballeros, canciller, sobre muertes en operativo
Exigen renuncia
La Coordinadora de las Organizaciones Mayas para la Incidencia para la Reforma del Estado pidió ayer que el presidente Otto Pérez y los ministros de Gobernación, Mauricio López, y de la Defensa, Ulises Anzueto, renuncien a sus cargos, pues son los responsables del operativo en Totonicapán.
Se pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso que desconozcan a Jorge de León, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, por considerar que no ha actuado eficientemente tras los incidentes.
El mandatario Otto Pérez anunció un resarcimiento para la familia de las ocho víctimas. Los representantes de los campesinos respondieron que aceptarán solo si es permanente. “Pedimos a los dirigentes sociales que se comprometan también y que estén seguros de que cuando se convocan a tres o cuatro mil personas ya no está en control de los líderes y cualquier discusión se puede convertir en un hecho que provoque lamentables muertes”, afirmó Pérez.
La Asociación de Estudiantes Universitarios bloqueó ayer por varias horas el ingreso de la entrada a la Universidad de San Carlos en la avenida Petapa, para pedir que se investiguen los hechos del jueves. El Ministro de Gobernación dijo que no permitirá más bloqueos.
El Grupo Garante (G4) se reunió con Pérez e hizo un llamado al diálogo entre las organizaciones y el Ejecutivo.
Por la tarde la Cámara del Agro emplazó al Ministerio Público para que haga una investigación exhaustiva que permita dar con todos los responsables de los hechos.
48 cantones de Totonicapán salieron el jueves a manifestar para pedir una mejor educación, que se les incluya en las reformas a la Carta Magna y evitar el alto precio de la luz.