Shakira fue llamada a declarar ante la justicia española el próximo 12 de junio por el supuesto delito de fraude fiscal equivalente a 14,5 millones de euros (16 millones de dólares).
Un juez de España aceptó la acusación de Barcelona en contra de la colombiana.
Fuentes cercanas revelaron a AFP que la cantante fue quien se ofreció a declarar como investigada por las acusaciones que se le imputan.
Infracciones que la acusan
Según el informe, ella cometió seis delitos entre 2012 y 2014. Así lo indicó la Agencia Tributaria de España. La querella fue interpuesta el año pasado en diciembre e incluye al consejero legal de la cantante.
En diciembre del 2018, medios locales e internacionales revelaron que no habría pagado impuestos, que tenía ramificaciones en paraísos fiscales y que simuló que vivía en el extranjero cuando en realidad vivía en Barcelona con el jugador español, Gerard Piqué.
Sin embargo, las mismas fuentes señalan que sí ha pagado todas sus obligaciones tributarias y que habría seguido las recomendaciones del bufete Pricewaterhouse (PwC), unos de los despachos más reconocidos en materia fiscal de España y del mundo.
La Fiscalía de España menciona que en los años señalados (2012 y 2014) la cantante permaneció más de 183 días en el país, que equivale a un tiempo necesario para adquirir la condición de residente fiscal tanto en España como Estados Unidos, y esto obliga a pagar los tributos correspondientes.
Durante 2012, 2013 y 2014, ella participó en el programa estadounidense The Voice y según la querella habría presentado su declaración del impuesto del Estado de California, donde aseguró haber estado en el país 61, 118, y 177 días respectivamente.
Según la Fiscalía, la querellada "no aportó ningún documento ni información a iniciativa propia"ni la liquidación de los derechos musicales de las sociedades que gestionaba ni de las que conformaban el entramado societario.
Dispuesta a colaborar
La cantante había recibido la notificación, según confirmaron sus encargados de prensa, quienes dijeron que para ella, el movimiento del juez es tan solo “un paso más del proceso judicial, algo normal y corriente”.
A diferencia de las últimas veces, cuando la cantante usó un tono duro contra el proceso legal en el que está inmersa, esta vez manifiesta su voluntad de "colaborar".
La colombiana se ha puesto en manos de la consultora PwC. Sus asesores trabajan en la contienda judicial y aseguran que ya pagó “los famosos 12,5 millones de euros” que le reclaman. Porque, según añaden: “Colabora con todo y tiene la intención de colaborar con todo lo que le pidan”.