Este año, el consorcio conformado por el Centro de Estudios y Cooperación Internacional (CECI) y Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), financiado por el Gobierno de Canadá, culminó exitosamente la implementación del proyecto: “Derechos y Justicia para las Mujeres y las Niñas Índígenas” (DEMUJERES) en Guatemala. Este proyecto inició en el 2018 en asociación con 11 organizaciones sociales de los departamentos de Alta Verapaz, Chimaltenango y Sololá.
PUBLICIDAD
“El principal propósito del proyecto fue promover un mayor acceso a la justicia y a una atención integral para las mujeres y las niñas indígenas sobrevivientes de las múltiples formas de violencia basada en género, en especial la violencia sexual; procurando fortalecer las capacidades tanto de las organizaciones locales que les dan acompañamiento legal, psicosocial y de empoderamiento económico, como de las y los actores de la justicia para una atención que parta de los derechos individuales y colectivos de las mujeres y las niñas indígenas”, indicó Saríah Acevedo, Coordinadora del proyecto DEMUJERES.
DEMUJERES: Un proyecto con resultados para la libertad, dignidad y empoderamiento de mujeres y niñas índigenas
En Guatemala, hace unos quince años, se aprobó la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer (2008) y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (2009), así como otras leyes orientadas a erradicar la discriminación y promover el cumplimiento de los derechos de las mujeres y las niñas indígenas. A pesar de estos logros en materia legislativa, los esfuerzos institucionales no han sido suficientes para atender a las víctimas y disminuir la violencia contra las mujeres, que sigue siendo un problema latente.
Uno de los logros más relevantes del proyecto DEMUJERES fue la creación y consolidación de un modelo integral de acompañamiento con enfoque de pertinencia cultural para las mujeres sobrevivientes de violencia, que procura fortalecer la prestación de los servicios existentes, incorporando los derechos específicos de las mujeres indígenas en tres aspectos de la atención integral.
En los servicios de ayuda jurídica y asistencia judicial, al mismo tiempo que se fortaleció con jueces y juezas el conocimiento y la aplicación de la legislación específica sobre violencia basada en género, se promovieron conocimientos y metodologías para fortalecer el papel de las y los operadores de justicia y de las autoridades indígenas en la erradicación de la discriminación racial y de género tanto en el sistema de justicia estatal como en el sistema de justicia indígena. A los servicios de atención psicosocial se incorporaron las terapias indígenas de sanación, y a los servicios de empoderamiento económico se incorporó la recuperación de técnicas de producción tradicionales y ecológicos al mismo tiempo que la promoción del comercio electrónico.
“Las organizaciones asociadas al proyecto y su personal aportaron sus conocimientos, experiencia y compromiso para brindar estos servicios de manera integral, colaborando entre ellas para poder cubrir las diferentes necesidades de las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia. Además de los servicios integrales, el proyecto promovió la reflexión entre niños, jóvenes y hombres indígenas sobre masculinidades indígenas libres de violencia, tanto a nivel comunitario como a nivel de la región mesoamericana. Se apoyaron procesos trascendentales para la promoción de los derechos de las mujeres indígenas en todo el mundo, como la recién aprobada Recomendación No 39 de la CEDAW, agregó Silvia Cotton, directora del CECI Guatemala.
Más sobre DEMUJERES
El proyecto DEMUJERES apoyó el litigio de casos de mujeres y niñas indígenas sobrevivientes de violencia sexual y violencia basada en género que incorporaron estrategias de acompañamiento jurídico, psicosocial con pertinencia cultural, de seguridad e incidencia y comunicación. Este apoyo tuvo como resultado la obtención de tres sentencias paradigmáticas en el departamento de Alta Verapaz, en tres casos de violencia sexual cometida contra tres niñas indígenas por parte de maestros en el sistema escolar público. En estas sentencias, los jueces a cargo de los casos ordenaron al Ministerio de Educación realizar una amplia difusión, formación e implementación del protocolo institucional de prevención de la violencia sexual en el espacio educativo, como una medida de no repetición. Así mismo, estas sentencias marcan un precedente importante, al reconocer un patrón de violencia sexual contra estudiantes en el sistema educativo, permitiendo a las sobrevivientes y sus familias obtener justicia y al mismo tiempo, medidas de reparación orientadas, enviando un mensaje contundente a la comunidad educativa, sobre que la violencia sexual contra niñas y adolescentes no debe ser tolerada y no quedará impune.
En una evaluación externa contratada por el Gobierno de Canadá, donante del proyecto DEMUJERES, se destaca la incorporación de la pertinencia cultural como un factor crucial para los logros del proyecto: “El trabajo del proyecto con el sistema de justicia ancestral fue destacado por varias partes interesadas como un aspecto de especial importancia, dada que estas autoridades en muchos casos representan para las mujeres y niñas indígenas la posibilidad más cercana de acceder a la justicia”. Tema que a la vez se escuchó varias veces por parte de las mujeres sobrevivientes de violencias, durante los encuentros regionales que se realizaron en el marco del cierre de este proyecto.
Los logros del proyecto fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre los equipos del CECI y de ASFC y las 11 organizaciones socias que lo implementaron, en su mayoría organizaciones indígenas, de mujeres indígenas, autoridades indígenas, artísticas, centros de atención integral y albergues. Ellas son: Majawil Q’ij, Consorcio de Asociaciones de Atitlán, Municipalidad Indígena de Sololá, Ajpop Tinamit, Asociación de Abogadas Indígenas Chomija’, Sotzil Jay, ASOGEN, ASOJAV / Ak’ Yuam, Colectiva Ixpop, MayaWorks, ADICI. A éstas se sumaron los esfuerzos de las y los operadores de la justicia: juzgados, jueces y juezas de feminicidio, fiscales del Ministerio Público, y cuatro redes de derivación de casos de violencia contra la mujer: las redes de Cobán, de Chimaltenango, de Sololá y de Santiago Atitlán.
Para más información los interesados pueden consultar las redes sociales de CECI Guatemala o el sitio web www.ceci.ca/es.
