El nombre de Andrés Tovar, productor de televisión y esposo de Maite Perroni, volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de que trascendiera que fue vinculado a proceso dentro de una investigación relacionada con un presunto fraude por más de 8.6 millones de dólares.
La información fue divulgada por la revista TV Notas, que señala que la resolución fue emitida el pasado 19 de mayo por un juez de la Ciudad de México, tras una denuncia presentada por una televisora con la que el productor mantiene una disputa legal desde hace varios años.
Según la publicación, el caso está relacionado con presuntas irregularidades derivadas de un conflicto entre ambas partes. El proceso se desarrolla paralelamente a una demanda civil que Tovar presentó en 2024 para reclamar el pago de una suma millonaria que, según ha sostenido, le corresponde por asuntos laborales y contractuales.
Tovar rompe el silencio
Luego de que la noticia se difundiera, Andrés Tovar publicó un video en sus redes sociales para explicar su situación legal y rechazar interpretaciones que lo señalen como culpable.
El productor aseguró que durante dos años buscó resolver el conflicto mediante acuerdos con la empresa, pero al no alcanzar una solución, decidió acudir a los tribunales.
“Al no encontrar una solución, en el 2024 decidí demandarlos por la vía civil para defender mis derechos. Catorce meses después de haber presentado la demanda civil, ellos presentaron una denuncia penal en mi contra por supuesta falsedad de declaración y fraude procesal”, expresó.
Tovar también subrayó que la vinculación a proceso únicamente permite que la investigación continúe y que el caso avance a nuevas etapas judiciales, por lo que insistió en que aún no existe una resolución definitiva sobre los señalamientos.
Un proceso que sigue en curso
La disputa legal entre el productor y la televisora ha sumado distintos episodios durante los últimos meses. Entre ellos figura el asesinato de David Cohen, quien fungía como abogado de Tovar y fue atacado en octubre de 2025 en Ciudad de México.
Por ahora, el caso continúa en los tribunales mientras ambas partes mantienen sus respectivas acciones legales.
