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La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este lunes una histórica sentencia condenatoria contra 248 integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13). Los imputados fueron hallados culpables de diversos delitos graves, incluyendo homicidios agravados y agrupaciones ilícitas, cometidos en un período que abarca desde 2014 hasta 2022. Según el informe oficial, las penas impuestas por el tribunal especializado ascienden en su conjunto a 1,335 años de prisión, marcando uno de los fallos más contundentes contra las estructuras criminales en la historia reciente del país.
Las investigaciones fiscales determinaron que estos individuos estuvieron involucrados en crímenes que dejaron más de 150 víctimas directas en diferentes puntos del territorio nacional. Entre los casos resueltos con esta resolución judicial se encuentran los asesinatos de los hermanos Guerrero-Toledo y de la futbolista Claudia Granados, hechos que conmocionaron a la opinión pública.
FGR confirma histórica sentencia
El proceso judicial permitió individualizar la participación de cada pandillero, logrando que el juez validara las pruebas periciales y testimoniales presentadas durante las audiencias. Esta sentencia se enmarca en la estrategia de seguridad que el gobierno ha mantenido bajo el régimen de excepción, herramienta que ha facilitado la captura de miles de colaboradores y líderes de maras.
Las autoridades de Seguridad enfatizaron que esta sentencia envía un mensaje claro de cero tolerancia contra el crimen organizado. El ministro de Justicia y Seguridad Pública señaló que la robustez de las pruebas presentadas por los fiscales fue clave para evitar que los procesados evadieran la justicia, asegurando que la paz alcanzada en las comunidades se mantendrá a través de la aplicación estricta de la ley en los tribunales correspondientes.
Familiares de las víctimas expresaron que, aunque el dolor persiste, esta sentencia de más de mil años representa un alivio ante la impunidad que imperó en décadas anteriores. El Gobierno salvadoreño reiteró su compromiso de continuar con la persecución penal de todos aquellos vinculados a grupos terroristas, apoyándose en las reformas legales que permiten penas acumulativas por cada delito cometido, lo que imposibilita la salida temprana de prisión para los cabecillas de estas bandas.