La semana pasada la seguridad y la justicia fueron la prioridad. El lunes 25 los presidentes de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la República junto con la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) presentaron su propuesta de reformas para la justicia y convocaron a un diálogo nacional. Su objetivo general es promover la discusión, la aprobación e implementación de reformas concretas al sistema de justicia que contribuyan a la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, garantizando la independencia judicial y el fortalecimiento institucional.

Se ha lanzado una serie de iniciativas y el deseo es que por medio de conversaciones y aportaciones se obtenga una versión final y sean aprobadas. El proceso tiene tres fases que se llevarán a cabo de abril a septiembre. Se realizarán eventos regionales. Luego se instalarán y desarrollarán mesas de trabajo que abordarán reformas constitucionales, legales y nuevas propuestas. Por último, se presentará un resumen de lo recopilado y trabajado que contiene la propuesta mejorada. Se puede participar en las mesas y mandar aportes. Puede descargar el documento base y enterarse de los detalles en el sitio http://www.reformajusticiagt.org. Se ve positivo que los guatemaltecos conversemos y debatamos sobre el tema y que hagamos un buen ejercicio para lograr reformas importantes, consistentes y claras para lograr los objetivos. Es la oportunidad de cambiar el diseño del sistema judicial, que tiene muchas falencias, lagunas y procesos complejos.

Con el fin de mejorar procesos e identificar los cuellos de botella de la justicia criminal y establecer metas de mejora, el martes 26 el Organismo Judicial, el MP, el Ministerio de Gobernación, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) suscribieron un acuerdo con la Coalición por la Seguridad Ciudadana para la elaboración del proyecto “Estrategia nacional de seguridad ciudadana y justicia para Guatemala”. Este se compone de dos etapas. La primera consiste en la elaboración de un flujograma de seguridad y justicia que comprende un diagnóstico completo que permitirá identificar las interrelaciones de cada actor, los cuellos de botella y las oportunidades de mejora a lo largo del sistema, evaluando el desempeño de las diferentes instituciones que lo componen y proponer los cambios necesarios para aumentar su eficiencia. Durante la segunda etapa se identificarán indicadores, metas y recursos para el desarrollo de proyectos estratégicos. Este proyecto inicia en mayo y tomará unos tres meses para recopilar la información. Con este estudio habrá claridad qué procesos deberán de mejorar y en caso de que se destinara más dinero al sector se contará con información para saber dónde tendrá el mayor impacto en la reducción de los indicadores de criminalidad del país.

El miércoles 27 se presentó la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala y se instaló una comisión integrada por los presidentes de los tres poderes y la fiscal del MP. Contempla cuatro ejes y su contenido reúne la visión de múltiples actores. El reto es contar con un plan de acción, prioridades y costos para avanzar en su implementación.

Los desafíos continúan. Las audiencias del #CasoTCQ nos han dejado por un lado indignados y por el otro frustrados y devastados de enterarnos del nivel de corrupción y de la relación de actores de todos los ámbitos. Esperamos que todos estos esfuerzos de diálogos, comisiones, reformas y propuestas se concreten para que los guatemaltecos tengamos seguridad y justicia. ¿Participará en el diálogo nacional? ¿Está de acuerdo con que se modifique la Constitución? ¿Qué es lo más importante para tener justicia en el país?