Si deseamos que los funcionarios públicos sean probos y eficientes debemos revisar el sistema. Luego del destape de tantos casos de corrupción y la renuncia de varios funcionarios públicos, los ciudadanos han solicitado en forma contundente una renovación de la clase política.

A pesar de que la Ley Electoral y de Partidos Políticos fue concebida con una visión innovadora e integral, definitivamente debe actualizarse.

Entre los temas más consensuados se encuentra la democratización de los partidos políticos, los límites al financiamiento de las campañas, más representatividad de la población y un Tribunal Supremo Electoral más fuerte. Cambiar la ley podría solucionar algunos problemas, pero no necesariamente tendremos mejores resultados.

La mayoría de los partidos es un vehículo para llegar al poder, gira alrededor de un caudillo, carece de cuadros profesionales, no cuenta con propuestas técnicas, ni ideología partidaria. La Constitución no considera la reelección del Presidente, razón por la cual se esperaría un buen desempeño y el fortalecimiento del partido político para lograr una siguiente elección –algo que jamás se ha dado en 30 años. ¿Entonces?

Algunos comentan que la reelección del Presidente cambiaría esta lógica y lo incentivaría a hacer las cosas bien. Sin embargo, hay muchas dudas debido al desempeño de las alcaldías y del Congreso. Tener el cargo y la reelección pone en desventaja al que se encuentra fuera y puede perpetuarse en el poder. Hay muchos alcaldes que utilizan los fondos públicos en forma clientelar, se apropian de recursos, benefician a sus empresas o utilizan el dinero para hacer campaña. Vemos cómo alcaldes se han reelegido varias veces, la mayoría con distintos partidos políticos y en algunos casos con señalamientos de hechos delictivos.

Se supone que un parlamentario es electo para representar a la población, legislar y controlar al Ejecutivo. La Constitución de 1985 les otorgó demasiado poder. Actualmente eligen a los miembros de la Corte Suprema, al Consejo del MP, a los magistrados del TSE, al Contralor y recientemente hasta el vicepresidente. Además son muchos (158) los que hace difícil su identificación. Asimismo tienen capacidad para quitar y poner ministros y directores.

De acuerdo con que cuestionen; sin embargo, la figura de interpelación se ha utilizado en muchas oportunidades para chantajear al Ejecutivo, buscando obras para su departamento y contratos para empresas allegadas o personas referidas. Luego para reelegirse, buscan el partido que tiene la oportunidad de ganar la presidencia.

También es de señalar que todos los que participan en cargos de elección gozan del derecho de antejuicio. Esto dilata la indagación de un funcionario. Por un lado es importante que se proteja a un servidor público, pero no es correcto que se use como una medida de impunidad. De hecho muchos buscan los cargos para gozar de este privilegio. Por lo tanto, si deseamos cambios sustanciales debe cambiarse el sistema de control, fiscalización y rendición de cuentas de los funcionarios.

La Contraloría General de Cuentas no está capacitada para hacerlo, razón por lo cual es urgente modernizarla y empoderarla para su efectividad. Contar con partidos políticos competitivos que cuestionan a sus contrincantes es una medida de inspección que favorece a la democracia, pero sin componendas politiqueras. También los medios de comunicación deben fortalecer su función de investigación, información y señalamientos.

Adicionalmente nosotros los ciudadanos votantes debemos de convertirnos en ciudadanos vigilantes. ¿Está de acuerdo con la reelección de los funcionarios? ¿Qué controles pondría? ¿Cómo exigimos que rindan cuentas?