“En esta semana presenciaremos propuestas de enmiendas, aprobación del articulado y presiones locales e internacionales para concretar la reforma. Será lamentable, en especial por lo que viene, ya que distrae, divide y confunde”.

Ante la propuesta de reformas a la Constitución en el sector de justicia se han velado mitos, prejuicios y pasiones alrededor, pues no olvidemos que se trata de una contienda política electoral, con todas sus cargas e implicaciones. Para quienes es la primera vez que pasan por este proceso de reformar la Constitución en Guatemala se muestran muy animados por querer lograr un cambio rápido; sin embargo, es importante lograr su comprensión, ya que hay lecciones del pasado contundentes, por lo cual se solicita más prudencia, respeto y debate.

Importante señalar que no todo aquel que “no da el sí definitivo” es corrupto, está protegiendo el status quo o defiende la impunidad. También sería ingenuo pensar que como la propuesta viene de la CICIG y del MP es la salvación contra una sociedad que permitió por muchos años mafias gubernamentales corruptas, premió la cultura de ilegalidad y tiene doble moral.

El punto es cómo lograr un equilibrio, en el sentido de realizar reformas rápidas pero de calidad, avalado por expertos y de apoyo popular. Por un lado varios abogados han señalado que el texto podría estar mejor redactado, hay puntos que no coinciden con la integralidad del sistema jurídico definido en la Constitución y hay algunos temas que merecen más análisis como el poder que se le otorga al Consejo del Organismo Judicial, la ambigüedad del pluralismo jurídico y el funcionamiento de la Corte de Constitucionalidad a futuro. Preocupa que el texto no haya   sido   revisado por varios juristas y constitucionalistas. Alarma que su contenido no sea estudiado por los parlamentarios y exista presión de aprobarlo esta semana.

Lo que se comenta es que el tiempo es clave para ponerla en práctica requiere de una consulta popular y debe programarse su presupuesto para 2017 (el miércoles es el último día). También se sabe que a inicios de diciembre un grupo de congresistas viajará a Europa a una actividad de Parlamento Abierto y su prisa es dejar resuelto este asunto.

No se trata de llevar un maratón con los distintos jefes de bloques, negociar y modificar artículos para luego aprobar el texto que después no se podrá modificar. Hemos visto este año un parlamento más activo, pero la calidad y la cantidad de leyes que ha producido son preocupantes. Un estudio realizado por Congreso Eficiente señala que de 23 leyes analizadas, apenas 20% siguió los procedimientos en forma que señala la normativa.

Para hacer reformas que perduren, sean integrales y consistentes se requiere seguir una   metodología, discutir profundamente los temas y trabajar con los conocedores de la materia. No se trata solo de hacer mesas donde se desconoce el problema que se desea resolver, se presentan posturas sin debatir, sus miembros son “políticamente correctos” y nunca se concreta.

Por acelerar el paso, sin un cronograma definido y procedimientos de consulta a expertos y de redacción de estilo, luego resultamos con normativa aprobada que requiere una segunda versión de reformas como sucedió con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como la Ley de Contrataciones. En el primer caso, aún no se sabe cuándo se revisará, ni cómo se conocerá la misma. En el caso de la Ley de Contrataciones, distintas instituciones del Estado han tenido serios problemas para ejecutar, debido a la mala redacción y complejidad de la misma. Hacer los reglamentos no ha sido fácil y ante la ambigüedad los funcionarios prefieren no actuar por temor a ser sancionados e inclusive pavor de terminar en prisión con un juicio penal.

El sector de justicia presenta también muchos problemas de procesos, su operatividad no es solo cuestión de reformas constitucionales. Un estudio que se realizó hace unos meses respecto del flujo de la justicia criminal mostró que la eficiencia de la totalidad del sistema es 13%, y a pesar de los esfuerzos y recursos que se han destinado al MP y al Organismo Judicial estos presentan apenas una eficiencia de 14% y 20%, respectivamente. Con un presupuesto de Q2.5 millones se podría mejorar integralmente todos los procesos y elevar su eficiencia a 20%.

Tensa y complicada situación. En esta semana presenciaremos propuestas de enmiendas, aprobación del articulado y presiones locales e internacionales para concretar la reforma. Será lamentable, en especial por lo que viene, ya que distrae, divide y confunde. Ojalá observáramos un cambio de actitud. ¿Qué opina de llevar a cabo una reforma constitucional? ¿Está de acuerdo con la aprobación de normativa exprés en el Congreso? ¿Cómo debieran de debatirse reformas a nuestra Constitución?