"A propósito de eso, no me extraña la información creíble que circula acerca de una serie de maniobras, organizadas y financiadas por diversos sectores que viven de la impunidad, con el fin de desprestigiar y hasta sacar del juego a la fiscal general y al comisionado".

Es espectacular lo que sucede en esta Guatemala modelo 2016, en la que lo otrora increíble se vuelve titular de prensa. La trama es intensamente reveladora y, como en las novelas bien escritas, desnuda sin miramientos los túneles más sórdidos de nuestra conducta. Y también nos mueve el piso. Tanto, que muchos que se consideraban “intocables” pasan las noches en vela y sufren de una ansiedad muy similar al delirio de persecución.

Y esa angustia punzante, a la que hace poco más de un año consideraban “ajena”, se acentúa cada vez que el reloj marca las seis de la mañana, cuando sienten que el MP y la CICIG irán a buscarlos con una orden de captura. Es una carroña que atraviesa de manera transversal a toda la sociedad. Especialmente en el caso Cooptación del Estado, que evidencia la “putrefacción controlada” impuesta por décadas en nuestro medio.  Una putrefacción que controlaban unos cuantos para su estricto y mezquino beneficio.  De ahí el entrecomillado.

Por ello veo lógico, aunque inaceptable, que ahora surjan los voceros de los intereses de siempre a reclamar el respeto a la presunción de inocencia, el cual ignoraron de manera muy cómoda cuando los señalados fueron “otros”. No nos perdamos: dicha presunción de inocencia es constitucional y jamás debe ser mancillada. Exigirla es nuestro deber. A lo que me opongo es a que ésta sea “oportunamente” defendida. Es decir, cuando le conviene a ciertos sectores de poder. Recuerdo ahora una discusión sostenida con tres recién conocidos durante una cena en la que coincidimos.

Ellos me acusaban de “socialista” por opinar que en las cárceles era impostergable que se respetaran los Derechos Humanos, y me tildaban de "políticamente correcto" por argumentar en favor del término “privados de libertad” para referirse a la población reclusa. Mi planteamiento era que, en las cárceles preventivas y hasta de cumplimiento de condena, cualquiera podía llegar incluso siendo inocente, lo cual no es ningún hallazgo que precise de mayor inteligencia. Pero ellos sostenían que los Derechos Humanos son un vil negocio y que para los despreciables reos (sin hacer excepción alguna), lo único que cabe es la humillación y el castigo.

Meses después, cuando un par de sus amigos fueron a parar a la carceleta de tribunales bajo sospecha de haber participado en actos de corrupción, me estimula que por lo menos dos de mis tres interlocutores en aquella fogosa cena se hayan encontrado conmigo y admitan que esos Derechos Humanos que tanto criticaron y denostaron, sean indispensables para darle dignidad a quienes por ley son destinados, en ocasiones sin merecerlo, a esas casi mazmorras del sistema judicial. Por mi lado, yo no niego que haya lobos con piel de oveja que se presenten como activistas humanitarios y que, sin mucha vergüenza, solo estafen a sus patrocinadores.

Pero jamás me permito la generalización.  De hecho, conozco a muchos que aportan sus voces al debate nacional con honestidad y lucidez, y que aun así son satanizados por el conservadurismo a ultranza que ve comunista a cualquiera que no acuerpa sus privilegios, o que ose sugerir lo indeseable de la extrema desigualdad.

A propósito de eso, no me extraña la información creíble que circula acerca de una serie de maniobras, organizadas y financiadas por diversos sectores que viven de la impunidad, con el fin de desprestigiar y hasta sacar del juego a la fiscal general Thelma Aldana y al comisionado Iván Velásquez. Sin embargo, me alienta comprobar que contra esa cavernaria “conspiración” se multipliquen corrientes adversas, las cuales incluyen a empresarios progresistas y honestos, así como a actores sociales de peso y a gente “de a pie” interesada, como nunca antes, en consolidar el cambio que se gesta. 

¿Presunción de inocencia? Por supuesto que sí.

Arresto domiciliario para quienes no den indicios de peligro de fuga, también. Guardar prisión de manera injusta es uno de los mayores vejámenes a los que un sistema puede someter a un individuo. No digamos el linchamiento mediático. Estamos de acuerdo con que eso debemos evitarlo hasta donde podamos. Pero es realista aceptar que en esta compleja coyuntura resulte imposible de lograr de manera completa, en medio de un tsunami como el que vivimos en esta Guatemala modelo 2016, marcada por los casos más inverosímiles de corrupción en la totalidad de los gremios y de los ámbitos, como consecuencia de la “putrefacción controlada” que recién comienza a desmoronarse.

Tristemente, no hay ni habrá santos incólumes en este relato. Pero las señales apuntan hacia un despertar. Los tiempos parecen estar cambiando. Y ojalá que para bien. Los derechistas inteligentes empiezan a defender los Derechos Humanos y los izquierdistas evolucionados huyen del burdo discurso antiempresarial. Tal vez algo de positivo deje esta ola de detenciones. Tal vez algo de esperanzador traiga consigo esta imparable temporada de la, a veces ingrata e indiscriminada, “presunción de culpabilidad”.