Publinews

Foto:

La economía es una ciencia social que nos ayuda a buscar la eficiencia del uso de los recursos en un mundo de escasez. La mayoría de nosotros ha ido a un mercado a comprar. Se logra un intercambio cuando ambas partes están convencidas de que ganaron, cuyo precio se determina por oferentes y demandantes. Lo deseado es que los oferentes tengan la mayor competencia posible, y en caso de que de fuera el único, que sea fácil entrar en el mercado para no tener el incentivo de subir el precio. La competencia es indispensable para lograr más y mejores bienes y servicios.

Un precio se construye con base en multiciplicidad de procesos y actividades, como los costos de producción, distribución y comercialización, abundancia del producto, preferencias y otros, información valida pero dispersa, que difícilmente alguien y menos el Gobierno lo puede fijar sin afectar al consumidor y a los proveedores.

Actualmente hay una propuesta de ley respecto la competencia en el Congreso de la República. Previo a redactarla, debieron concebir con lucidez sus principios con el fin que ellos alcanzaran ciertos objetivos y aspiraciones. La Exposición de Motivos de esta iniciativa de ley hace referencia, sin precisión, a dos objetivos específicos: a) incrementar la eficiencia económica del país (…); y, b) mejorar el bienestar del consumidor.

Recientemente el CIEN hizo un estudio al respecto y señala algunos retos. Lo primero es contar con una buena definición de libre competencia, pues la ofrecida por la iniciativa dista de ser clara y técnica. Su vaguedad abre la posibilidad a una serie de arbitrariedades, pues cualquier acto podría calificarse de anti competitivo. Tiene vacíos legales en algunos términos, por ejemplo, no se define qué es daño a la competencia.

Según el artículo 130 de la Constitución, una condición previa, para justificar la acción del Estado en materia de competencia, es que debe haber un perjuicio a la economía nacional y/o a los consumidores. Pese a ello, la actual propuesta supone la culpabilidad del acusado sin necesidad de probar el daño, o sea destruye a priori la presunción de inocencia.

Adicionalmente tiene temas como que una concentración de mercado por sí misma es dañina, sin demostrar que en realidad esté causando problema. Se pretenden establecer excepciones que van en contra de los objetivos del proyecto y violan el derecho de libertad de industria, comercio y trabajo. Asimismo, el CIEN considera que de inicio no se debe criminalizar una práctica como anticompetitiva, pues esta previamente debe discutirse dentro de un contexto de orden civil y no meramente administrativo y mucho menos penal. Una posible sanción debiera encaminarse a compensar el daño causado.

Por último, el CIEN cuestiona la creación de una nueva Superintendencia, bajo una estructura organizacional politizada. Esta estaría integrada por representantes del Congreso de la República y los Colegio de Economistas y de Abogados y Notarios, últimos que han sido seriamente cuestionados por su papel en las Comisiones de Postulación -o sea reiterar en los errores.

El CIEN propone que se haga un alto y se tome el tiempo necesario para redactar una buena Ley de Competencia, la cual debiera considerar mínimamente: no excluir sectores, respetar el debido proceso, lograr una autoridad técnica con discreción limitada y alcances previsibles, no limitar el comportamiento del mercado sino sancionar prácticas no competitivas que efectivamente provocan daño, no criminalizar a priori prácticas basadas en prejuicios y respetar el derecho de libertad de industria, comercio y trabajo. Es determinante que ahora sí participen los mejores técnicos para redactar la ley, tomando en cuenta su conocimiento y la experiencia internacional. ¿Necesitamos una Ley de Competencia? ¿Qué debiera de regularse para que exista más competencia y libertad económica? ¿Cómo incentivar la competencia?