Guatemala atraviesa un momento histórico en donde muchas personas ven con desapego y desgano la función pública, política y todo lo que tiene relación con pedirle el voto a una población que está cansada del modelo político que hasta el día de hoy funciona en nuestro país.

Varios grupos de ciudadanos organizados hemos emprendido una campaña de apoyo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que se ha fortalecido desde el mes de marzo, nos hemos manifestado a favor de un ente autónomo que garantice la voluntad popular, pero sobre todo que sea garante de la conservación de la constitucionalidad y democracia en el país.

Es importante que como ciudadanos comprometidos, seamos protectores del proceso electoral. Defender la democracia en un país significa defender el poder del pueblo, el Tribunal Supremo Electoral ha dado pasos importantes en la búsqueda de una institucionalización transparente que presente cuentas claras a una sociedad sedienta de transparencia y honestidad.

El apoyo ciudadano se ha visto enmarcado históricamente y focalizado en apoyar a un órgano que pueda darle la seguridad al mismo ciudadano de que su voto será protegido y su decisión respetada. El poder ciudadano ha brindado un respaldo nunca antes visto al Tribunal Supremo Electoral, ha sabido reconocer los pasos en búsqueda de transparencia y reglas claras que el mismo tribunal ha tratado de implementar.

Esto no ha sido nada fácil, en especial para un sistema de componendas y negociaciones políticas que por años han hecho de Guatemala un círculo de negocios para muchos políticos. La gestión del actual Tribunal Supremo Electoral, si fuera medida por medio de una encuesta de esas que están de moda en estos tiempos electorales, con seguridad obtendría un porcentaje de satisfacción alto de parte de la población, ya que pareciera que es uno de los pocos organismos en el que los guatemaltecos aún confiamos y del cual estamos dispuestos a defender y aliarnos en la búsqueda de un mejor país.

Es importante señalar que el Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad en materia electoral, es un órgano constitucional independiente de control político, por lo tanto, no está supeditado a organismo alguno del Estado, este se rige por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, goza exclusiva independencia funcional a la jurisdicción electoral, es decir la potestad de administrar justicia en materia electoral, además de organizar las elecciones y supervisar la actividad de las organizaciones políticas, aplica la ley a casos concretos y resuelve controversias en el ámbito electoral, por lo cual es el organismo de mayor impacto y trascendencia en materia jurídica-política en nuestro país, al cual debe respaldársele y acompañar en todos los temas de incidencia en los cuales esté involucrada.

Solo de esa manera podrán existir reglas claras, elecciones al margen del cumplimiento de la ley, defensa a la voluntad ciudadana y, sobre todo, una cultura de confianza y seguridad en temas políticos que tanto le han hecho falta a Guatemala.