Los últimos acontecimientos relacionados con las investigaciones de la CICIG y el MP en el caso de “La Línea” de la SAT y con la captura de los abogados que asistieron a algunos de los sindicados visibilizan la existencia de otras “líneas” en el resto de los organismos y las instituciones del Estado; esto confirma lo indicado por el abogado peruano Enrique Ghersi, “la corrupción desde la perspectiva del costo que conlleva el cumplimiento de la ley o de la legalidad, es un efecto y no una causa”; es decir, que a consecuencia de que no prevalece el estado de derecho y como las instituciones del Estado hacen cualquier otra cosa menos la función para la cual fueron creadas, se produce la corrupción como alternativa para que las personas pueda desarrollar sus diferentes actividades económicas; Ludwig Von Mises lo interpretaba como “la actividad intervencionista da lugar a que ciertos grupos o individuos se enriquezcan a costa de otros grupos o agrupaciones”.

Lo anterior obliga a la CICIG y al Ministerio Público a desarrollar las investigaciones en forma integral, incluyendo todas las denuncias realizadas por los medios de comunicación escritos del país relacionadas con el uso de los fondos públicos y sobre el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, importadores y proveedores de bienes y servicios al Estado, que de dichas investigaciones resulten responsables; en ello, tanto la Contraloría General de Cuentas en cumplimiento a la obligación que la asigna el artículo 232 de la Constitución Política de la República y la Superintendencia de Bancos responsable de aplicar la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos deberán constituirse como actores claves para coadyuvar con dichas investigaciones, de no hacerlo así, el pueblo, el soberano, dudará de la voluntad política de dichas instituciones y de la transparencia de las investigaciones realizadas, dejando un mal precedente para las futuras autoridades del país.

La información de los medios de comunicación sobre lo ocurrido el jueves 7 y el viernes 8 de mayo despertó y generó muchas dudas en la opinión pública, la sorpresiva solicitud de renuncia realizada por el Cacif a la Vicepresidenta; la resolución de la Corte Suprema de Justicia viabilizando el trámite del antejuicio en contra de la Vicepresidenta; la conformación de la comisión pesquisidora en el Congreso de la República cuando no habían logrado realizar sesiones ordinarias en lo que va del año; la suspensión de la conferencia de prensa convocada por la Embajada de los Estados Unidos, la visita del comisionado de la CICIG en compañía de la Fiscal a casa presidencial y para finalizar, la conferencia de prensa realizada por el Presidente de la República informando sobre la renuncia de Roxana Baldetti al cargo de Vicepresidenta, perdiendo con ello su inmunidad, dejaron en los mismos medios de comunicación muchas más dudas que respuestas y en el pueblo, la espinita de que pudiera haber gato encerrado. En esta crisis político–institucional por la que atraviesa el pueblo de Guatemala, se requiere como requisito sine qua non, que los actores involucrados en ella actúen con total transparencia como lo está haciendo el soberano en sus manifestaciones.