“La plaza se vuelve activar #11J, en esta oportunidad señalando que #EsElSistema el problema. En parte es lo correcto; sin embargo, requerimos buenos diseños institucionales como leyes, sistemas de información y control, de expertos que realicen los cambios y gente proba y capaz que cambie el sistema”.

Una semana intensa, en especial por las audiencias de los casos #CooptaciónEstadoGT y #Cooperacha. En cualquier actividad, ya sea familiar, social o de trabajo, este tema es abordado. Mucha indignación de cómo se hacían regalos los mandatarios y cómo utilizaron la campaña para enriquecerse. Muchos inician su reflexión, otros siguen despotricando y juzgando a los otros, algunos hasta disculpan a los implicados argumentando que parte de lo sucedido era una práctica en el país. “Quedar bien con el jefe y la jefa antes y después de las elecciones”, terrible.  

La plaza se vuelve activar #11J, en esta oportunidad señalando que #EsElSistema el problema . En parte es lo correcto; sin embargo, requerimos buenos diseños institucionales como leyes, sistemas de información y control, de expertos que realicen los cambios y gente proba y capaz que cambie el sistema. Parte de los cambios es normativa, no necesariamente la constitución. En este sentido, es importante de nuevo recordar que no se pueden seguir generando leyes exprés sin sustento.

En los últimos días distintos actores se han pronunciado respecto de la dificultad de operar el gobierno con la novena enmienda a la Ley de Contrataciones. Esta se hizo unos días antes de las elecciones generales, discutida en una de las cuatro mesas integradas por el Congreso. Participaron diferentes personas y mediante el decreto 09-2015 se hicieron reformas. El problema fue que, por la prisa de aprobarla, no se tomaron en cuenta opiniones de expertos, técnicos y usuarios de los procesos, razón por la cual durante estos primeros meses ejecutar en las distintas dependencias del gobierno ha sido casi imposible debido   a la ambigüedad y falta de claridad.

En aquel entonces se perseguía la transparencia, lo cual es bueno, pero no se tomaron en cuenta la eficiencia y la eficacia de la misma. Es difícil de comprender, algunos artículos se contradicen, tienen problemas de redacción y además no se armonizó con el resto de la legislación. También se encontraron nuevos procedimientos que no se normaron y   fueron remitidos a reglamentos para resolver su insuficiencia. Genera más burocracia y adicionalmente desarrolla toda una institucionalidad sin dotarla de recursos financieros, técnicos y humanos, como un Registro General de Adquisiciones del Estado –que concentra los registros de precalificados de obras, de consultores, de proveedores, de contratos en un solo registro electrónico–. También dan atribuciones al INE para que fije todos   los precios de referencia antes de realizar las compras.

Después de 23 años de vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, persisten aspectos normativos e institucionales que en la práctica convierten los procesos de adquisiciones de bienes y servicios de las instituciones públicas en procedimientos lentos, engorrosos y, lo más complejo: no exentos de riesgos de corrupción.

Lo que se propone es impulsar un sistema de adquisiciones públicas en un marco de eficacia, eficiencia y transparencia. Se debe iniciar por corregir los errores evidentes que contiene la ley actual, para luego pensar en un nuevo modelo de adquisiciones y de contrataciones. Es importante contar con una normativa moderna, clara, operativa, sin parches y basada en las mejores prácticas. ¿Cómo lograr reformar el sistema? ¿Tendrá el Congreso la capacidad de redactar leyes modernas y eficientes? ¿Cómo evitar a futuro que los que gobiernan no roben?