“Señores, ojalá y acepten que los guatemaltecos tenemos soberanía, Constitución y que nadie debe violar las garantías constitucionales, no importa lo popular o impopular que se crean ser”.
 

La derrota de las enmiendas y muy probablemente de la reforma constitucional mal hecha y peor redactada tiene cuatro claros responsables: el MP la PDH, la CICIG y las embajadas que los apoyan.

Este fracaso se debe fundamentalmente a una redacción que permite un sistema paralelo de justicia basado en discriminación y racismo entre los ciudadanos guatemaltecos, que por mandato constitucional somos TODOS iguales en dignidad y derechos.

Otro gran contribuidor al fracaso legislativo fue la intromisión indebida de la fiscal y el procurador de derechos humanos en el proceso legislativo, junto con la CICIG, primero redactando ellos la reforma que se les antojó sobre el sector justicia dentro de la Constitución y, luego, presentándose a la sesión de tercera lectura en el Congreso, en abierta violación al mandato de la CICIG y a las leyes orgánicas de la PDH y el MP. En ningún lugar de la Constitución estas tres entidades están autorizadas ni facultadas para redactar o querer forzar una reforma constitucional.

La pantomima de “diálogo nacional” que hicieron no fue más que eso, pues al final ellos controlaron totalmente la comisión de redacción final de la propuesta. Varios abogados destacados del foro nacional, varias instituciones y tanques de pensamiento independientes, columnistas de opinión y miembros del cuerpo político, varias veces y en distintas tribunas en forma educada, les hicieron ver las gravísimas deficiencias de la propuesta a los ponentes irregulares de la misma.

¿Qué hacen y siguen haciendo muchos que defienden estas desastrosas reformas al igual que Taracena? Insultar a sus críticos, llamar racistas o miembros del crimen organizado a los que intentamos defender la Constitución y la igualdad ante la ley de todos los guatemaltecos y tratar de mantener la seguridad jurídica de todo el país. Nadie puede en buena fe no pedir una mejora al sector justicia, pero lo que se le presentó al Congreso no es una mejora sino una destrucción de la seguridad y la igualdad jurídica de toda la nación.

Así se les hizo ver, lo ignoraron queriendo forzar sus posturas ideológicas extremistas y ahora se les debe reconocer públicamente a los diputados que votaron en contra de semejante aberración, que entre otras cosas quería incluir discriminación racista entre guatemaltecos en la Constitución y crear un consejo nacional de justicia totalmente antitécnico y antirrepublicano, que estaría por encima de los tres poderes del Estado y la naturaleza del sistema republicano de Gobierno, que necesariamente contempla el balance de los tres poderes del Estado y no sujetarlos y subordinarlos a un cuarto poder administrativo totalmente ajeno a nuestras tradiciones jurídicas y a la forma de gobierno de una república.

Señores, ojalá y acepten que los guatemaltecos tenemos soberanía, constitución y que nadie debe violar las garantías constitucionales, no importa lo popular o impopular que se crean ser. ¡LA CONSTITUCIÓN Y LA IGUALDAD DE TODOS LOS CIUDADANOS ANTE LA LEY SON PRIMERO!