“Esta lucha le ha dado esperanza, yo creo con razón, a la población y a la esperanza que la parte civilizada de nuestro cuerpo político tiene de vivir bajo un Estado de Derecho, y no al antojo de un poder publico arbitrario y corrupto que hasta ahora no hacia mas que cambiar de banda de ladrones, cada cuatro años”.

No cabe duda que Guatemala a partir del 2015 ya no es la misma. El impacto de las protestas ciudadanas, pacificas y sin destrucción de la propiedad privada o estatal y la renuncia de las mas altas autoridades del ejecutivo y el partido de gobierno, por actos de corrupción estatal tanto en las aduanas como en los puertos y la SAT han cambiado por mucho el monolito que se creía casi imbatible, antes de las protestas, de la corrupción estatal.

Esta lucha le ha dado esperanza, yo creo con razón, a la población y a la esperanza que la parte civilizada de nuestro cuerpo político tiene de vivir bajo un Estado de Derecho, y no al antojo de un poder publico arbitrario y corrupto que hasta ahora no hacia mas que cambiar de banda de ladrones, cada cuatro años.

Sin embargo el adalid de esta lucha debe ser el Ministerio Publico y sus fiscales y el Sistema de Justicia en su conjunto, y no necesariamente la comunidad internacional o los grupos de ong´s de derechos humanos, racismo indigenista o feminismo radical que pareciera junto con varias embajadas, quieren llevar al país a una serie de reformas que no solo atacan la Constitución, sino principios jurídicos universales como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, el debido proceso y el derecho de defensa, la independencia de poderes y los principios básicos de un republicanismo que limite el poder del Estado y no que lo expanda a todos los ámbitos de la vida privada de los ciudadanos, como los estatistas y socialistas siempre han querido.

Nuestro sistema jurídico y político ha dado muestras, con apoyo internacional, de tomar una lucha frontal contra la corrupción estatal y política, y en esa lucha parece que todas las facciones o corrientes ideológicas nos podemos poner de acuerdo, pues la corrupción política estatal ciertamente es un enemigo común de todos los guatemaltecos.

Sin embargo debemos ser muy cuidadosos, en cuanto a que esta lucha no debe fortalecer al Estado de forma que pueda el MP o cualquier poder o ente del Estado abusar de los poderes, por ejemplo de persecución penal arbitraria, para luego colocar a cualquier ciudadano frente al poder del Estado sin limitación alguna.

Yo soy el primero en celebrar, la persecución penal en contra de políticos corruptos, no importa la ideología que sincera o falsamente digan defender, pero he sentido en el ambiente político nacional una amenaza a todo el sistema, a querer destruir garantías constitucionales y procesales y a querer perseguir mediáticamente y no jurídicamente a los acusados, lo que lamentablemente se hace para intimidar jueces y magistrados y con ello llevar a la culpabilidad o inocencia según el “clamor popular”, como tan incorrectamente dijera un juez envuelto en este ultimo torbellino de corrupción estatal, especialmente del ultimo gobierno.

Nuestra Constitución, nuestra soberanía y nuestra independencia deben prevalecer sobre cualquier abuso interno o externo, y debemos todos los guatemaltecos que amamos nuestras instituciones y soñamos con un Estado de Derecho fuerte, luchar porque así sea. La alternativa será un manoseo de la Constitución, una manipulación de la política y una perversa situación de intervención y ocupación extranjera de nuestro sistema, con fines de control y casi colonización y no de cooperación entre estados soberanos.