Semana de locos. Así calificó una amiga en Twitter lo sucedido estos días en el país. Me pareció tan acertada la frase porque, principalmente en política, las aguas han estado bastante agitadas. A la discusión de reforma constitucional en materia de justicia, se sumaron a la mesa un nuevo texto de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP– y una propuesta de reforma fiscal. Ambas iniciativas fueron presentadas por el presidente Jimmy Morales.

No estamos hablando de reformas cosméticas sino de cambios estructurales a nuestro sistema. Por eso, debemos estar pendientes que las propuestas tengan objetivos claros, que promuevan el fortalecimiento institucional y la consolidación de nuestro sistema democrático.

Si bien la última reforma electoral logra avances importantes en materia del control y la fiscalización de los recursos que utilizan los partidos políticos, cerrando los espacios a la corrupción, así como medidas para promover una competencia electoral más equitativa, y fortalece la capacidad sancionatoria del Tribunal Supremo Electoral –TSE–, dejó insatisfechos a muchos y provocó la necesidad de discutir una nueva generación de reformas electorales.

En este sentido, quiero hacer un primer balance sobre la propuesta de reforma electoral que presentó el Ejecutivo. Importante fue el espacio de diálogo y discusión que promovió el presidente. Luego de un compromiso que asumió al sancionar las recientes reformas electorales. Mostró un reconocimiento al proceso desarrollado y un compromiso por incluir aspectos que no lograron ser aprobados. El proceso también sirvió para incorporar en la mesa de discusión elementos que han estado relegados y que son importantes como la forma de elección de los diputados y la ingeniería de los distritos electorales.

Algunas de las reformas importantes son que define explícitamente que el Tribunal Supremo Electoral –TSE– es el responsable de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), instancia que permitirá reformar progresivamente nuestro sistema electoral y de partidos políticos. Por otro lado, crea el partido distrital para que puedan postular candidatos a diputados y miembros de las corporaciones municipales. También busca reducir el nepotismo al momento de prohibir la participación de familiares de los dirigentes partidarios en la los órganos y en las listas de candidatos.

Sin embargo, en materia de democracia interna la iniciativa nos queda a deber. No reforma el sistema de asambleas partidarias. Esto es importante porque en la práctica los dirigentes partidarios aprovechan la discrecionalidad y la regulación mínima para tener el control de las decisiones partidarias. La iniciativa no modifica los cuórums mínimos para realizar las asambleas, tampoco la regulación de las mismas para asegurar que las decisiones sean tomadas por la mayoría de los miembros, ya sea en la asamblea nacional, departamental o municipal.

Democratizar a los partidos implica dar más poder a los afiliados y al no modificar las reglas y normas de las asambleas, los dirigentes siguen con posibilidades de controlar el partido y limitar el poder de los afiliados. Por otro lado, tampoco se hace explícita la reforma que exija la publicidad de los documentos partidarios, incluyendo estatutos y actas de las asambleas, un paso indispensable para empoderar a las bases partidarias.

Algunas de las medidas que considero innecesarias y que deben analizarse con mayor detenimiento por el impacto que pueden tener son dar un carácter permanente a los Comités Cívicos Electorales; así como modificar la integración del TSE y la comisión de postulación.

El objetivo central de la siguiente reforma electoral debe ser democratizar el sistema político partidario. No nos perdamos mucho. Ahí está el norte estratégico. Partidos institucionalizados y democráticos. ¿Qué opina usted?