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Entra el hombre a la casa. Va con la cara compungida, pero con expresión –digamos– estoica. Su esposa lo ve entrar como todos los días. A los 20 minutos, por la vía del mensaje de texto, su marido le hace saber: “Te dirán que me han visto de juerga con unos vecinos y que causamos algunos daños en el pasillo del edificio. Es solo parcialmente cierto. Ya me comuniqué con el administrador. No hablaré una palabra más de esto”. ¿Qué pasará a continuación? La mujer le hará mil preguntas a su esposo. Y ella se inundará de dudas. Y se imaginará lo peor, sobre todo porque el administrador, respetando las políticas del condominio y dispuesto a no meterse en líos, se abstiene de revelar lo que las cámaras de seguridad le sugieren, si no de manera categórica, sí con un alto nivel de certeza. Todo hubiese sido menos embarazoso para el hombre, si en vez de revelarle a medias la historia su mujer, hubiese llegado a contarle el relato completo, por desagradable que fuera. Tres cuartos de lo mismo le ocurre al presidente Jimmy Morales con el episodio en el que están involucrados, tanto su hijo como su hermano. La comunicación del mandatario volvió a fallar de manera garrafal. Aunque haya sido un acierto adelantarse a la noticia, hacerlo de ese modo no le ayudó demasiado. Más bien lo puso contra la pared. Su deber, como presidente de un país que lucha con sus pocas fuerzas para sacudirse de una despiadada y cruenta corrupción, es ser transparente, cueste lo que cueste. Nadie dice que sea fácil lo que le toca enfrentar. Porque además de la tremenda presión familiar, es evidente que a su alrededor merodean otras tensiones que lo agobian.

Muy diferente le estuviera yendo si, con valentía y decisión, hubiera contado todo lo que sabe del caso. Por embarazoso que le pareciera. Porque ahora, además, ha puesto de algún modo en aprietos al Ministerio Público, ya que, si no hubiese razón para solicitar orden de captura contra los familiares del mandatario, en el ambiente quedará la sensación de que se les privilegió, aunque al final posiblemente no haya motivos suficientes como para ligarlos a proceso.

Gustavo Barreno, el abogado que contrató el presidente para defender a sus parientes, dijo que fue él quien les recomendó presentarse a prestar declaración. Y añadió que una cosa es ser autor de un acto corrupto y otra distinta es ser cómplice. El hecho, recordemos, ocurrió en 2013. Y el vínculo entre el mandatario y el restaurante Fulanos&Menganos es, hasta el momento, innegable. Habrá que ver cuán favorecida ha sido esa empresa en contratos con el Ejecutivo durante esta administración. Y en qué términos. Asimismo, surgen otras preguntas: si tal como lo hizo saber, el presidente está donando su sueldo entero, ¿cómo logra sostener los estudios de su hijo en Estados Unidos? ¿Estará becado? ¿Cuánto puede salirle en materia de honorarios de abogado esta engorrosa situación? ¿Cuadra su reporte patrimonial con estos gastos? ¿Es aceptable que el licenciado Barreno haya sido contactado, tal como lo dijo en la entrevista, por una secretaría de Estado? ¿No debió llamarlo Jimmy Morales desde su casa?

El momento del país es, como mínimo, inquietante. Corren rumores de todo tipo que no contribuyen con la estabilidad. Tampoco ayuda el desenvolvimiento público del vicepresidente Jafeth Cabrera, cuyas declaraciones siguen rebotando en memes y en columnas de prensa. Y lo que es incluso peor: a partir de los erráticos pasos de los gobernantes, muchos querrán aprovecharse para bloquear procesos que van bastante bien, o que revisten de urgencia en su ejecución para no terminar en un fiasco. No es chistoso lo que sucede en Guatemala en estos días. El Gobierno urge de una estrategia de comunicación que lo saque del atolladero. Y en estos casos, como es siempre, solo la verdad puede liberarlos de una presumible debacle, aunque esa verdad sea el cataclismo. Después del doble arraigo, Morales tendrá que recapacitar en cuanto a negarse a hablar del tema con la prensa. Y también deberá ser específico con eso de que “a los medios se les acabó la fafa”, porque en la generalización no solo ofende sin necesidad, sino que deja en el ambiente la urgencia periodística de que mencione nombres y apellidos, si es que sabe de periodistas que han sido sobornados. Bien haría, por cierto, si los delata. Soy el primero en aplaudirlo porque no gasta en publicidad gubernamental. Pero de eso a que pretenda insinuar que por la falta de pauta los medios lo atacan, existe un abismo de diferencia. Además, no se ve bien que algunos ministros le brinden su respaldo.

Si el mandatario no está directamente ligado con los hechos en el Registro de la Propiedad, su oportunidad radica en encarar lo que venga y en decirlo todo, tal cual. E insisto: nadie afirma que esto sea fácil. Concuerdo con él en que no es correcto linchar a sus familiares y en que ambos merecen el debido proceso. Pero quien nada debe, nada teme. He ahí el dilema.