En los últimos años, hemos visto cómo la burocracia en las instituciones del Estado ha aumentado significativamente. En el sector de construcción específicamente, desde 2012 hasta ahora, las licencias deben pasar aproximadamente por 30% adicional de trámites en instituciones del Estado para lograr su aprobación, y esto, antes de poder ingresar sus trámites a la municipalidad que le corresponde según su ubicación. Muchas de estas nuevas entidades piden los mismos requisitos, redundando en las autorizaciones y atrasando los procesos.

Esto ha generado presas enormes en la actividad constructiva, no digamos el desincentivo que ha causado en la inversión en el país en general. De esa cuenta, hemos retrocedido, después de ser nombrados en 2014 el país más reformador del índice “Doing Business”, ahora hemos caído más de 40 posiciones, quedando en el puesto 104 en el rubro de autorizaciones de licencias y con expectativas de caer dos puestos más para este año.

Es importante reflexionar sobre esto si tomamos en cuenta que el sector constructor es considerado un sector con un gran derrame en la economía en general. Por ejemplo, si por cada 500 metros cuadrados de construcción en el área metropolitana, se generan 40 empleos directos y 59 empleos indirectos, ¿cuantos empleos se están perdiendo, hoy por hoy, con los proyectos que no pueden arrancar por tener que pasar los innumerables trámites para lograr la licencia de construcción?

A esto hay que sumarle el hecho de que las entidades a cargo no tienen la capacidad suficiente para el manejo de la gran cantidad de proyectos para aprobar, por lo que no se cumplen los tiempos establecidos y se generan atrasos importantes en proyectos de todo tipo de actividad económica, y por si fuera poco, perdiendo el fisco la oportunidad de percibir IVA e ISR sobre estos.

No se está en contra de la reglamentación, pues los trágicos acontecimientos, como los ocurridos en San Marcos en 2012 y El Cambray II a finales de 2015, nos recuerdan la importancia de construir con reglamentos y especificaciones, pero seguro podremos ser más efectivos con una reglamentación más centralizada, en lugar de pasarnos más de dos años entre nueve instituciones del Estado para lograr las aprobaciones necesarias.

El proyecto de la ventanilla única de expedientes es un proyecto que podría tener mucho futuro si lo que queremos es ser más competitivos. De esta forma se tendría la posibilidad de cumplir con toda la normativa y mejorar los tiempos de respuesta tan necesarios.

Hoy más que nunca, tenemos que trabajar por lograr una Guatemala más competitiva, que sea un referente para la región, y no un país que se quede estancado en la burocracia y desincentive la inversión tanto extrajera como nacional.