“Es necesario detenerse a reflexionar la importancia de las citaciones e interpelaciones, como mecanismos válidos y legítimos para fiscalizar la labor del Ejecutivo. Este tipo de polémicas bajo ningún punto de vista deben ser utilizadas políticamente para deslegitimar y desacreditar estos mecanismos de control”.

Una vez más el Congreso estuvo en medio de críticas y una fuerte polémica que se desató luego de que se publicó un “chat” entre el diputado Juan Manuel Giordano y Javier Hernández, ambos integrantes del Frente de Convergencia Nacional FCN-Nación. En el intercambio de mensajes, utilizando un lenguaje vulgar, entre otras cosas Giordano decía que pondría “de rodillas” al gobernador de San Marcos, Carlos Cardona. Hernández con sus respuestas consentía y respaldaba a Giordano.

Es triste ver este tipo de comportamientos. No están a la altura de lo que se espera de un dignatario de la Nación. En principio este tipo de sucesos abonan a la desconfianza que la ciudadanía le tiene al Congreso y alimentan el desencanto hacia la política.

Una lectura preliminar de lo sucedido desde mi perspectiva presenta las siguientes conclusiones. El Ejecutivo muestra su debilidad frente al Congreso de la República, y lo más lamentable, con su bloque partidario. Deja entrever que no hay lineamientos, confianza, directrices y canales de comunicación entre el gobierno y el bloque oficialista.

Por otro lado, confirma que el Ejecutivo negoció con los diputados que se sumaron al bloque oficialista, y que estos últimos tienen el “derecho de hacer efectivos esos acuerdos”. El Ejecutivo lo reafirma al declarar que las “presiones” que los diputados ejercen a los gobernadores están “apegadas a derecho”. El Ejecutivo no defiende a sus gobernadores y tampoco pone límites a los diputados.

Lejos de las polémicas, los dimes y diretes, y las aclaraciones que buscan aclarar y justificar lo injustificable, es necesario detenerse a reflexionar la importancia de las citaciones e interpelaciones, como mecanismos válidos y legítimos para fiscalizar la labor del Ejecutivo. Este tipo de polémicas bajo ningún punto de vista deben ser utilizadas políticamente para deslegitimar y desacreditar estos mecanismos de control.

Al contrario, colocan en la mesa elementos importantes que se deben discutir para que las citaciones e interpelaciones sean mecanismos efectivos, democráticos y transparentes. Las recientes reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo son una valiosa oportunidad para lograr este cometido. Se necesita voluntad política y que el Congreso implemente los mecanismos que permitan dar seguimiento a este tipo de mecanismos, para promover la transparencia y monitorear el uso que los diputados están haciendo de estos instrumentos. No más citaciones para chantajear y coaccionar ilegítimamente.

El Ejecutivo también puede contribuir a ese objetivo. Un primer paso es hacer público los nombres de los diputados que han estado “presionando” a los funcionarios y gobernadores, así como el tipo de condicionamientos y exigencias que les están haciendo. En la campaña electoral Jimmy Morales ofreció transparencia. Esto podría ser una forma de cumplir con ese compromiso. Recuerdo que el eslogan fue “ni corrupto ni ladrón”. Callar y no denunciar es consentir la corrupción.

Por otro lado, estos esfuerzos deben estar acompañados por una sociedad organizada y vigilante que fiscalice el actuar de los funcionarios y representantes públicos a todo nivel, desde lo local hasta lo nacional. ¿Qué opina usted?