“Lo que sería recomendable es que los diputados busquen un equilibrio en su actuar, el presidente Morales defina una estrategia para comunicarse y que en las redes sociales aboguemos por las buenas prácticas. La ciudadanía debe estar atenta y los medios de comunicación informando”.

Tuvimos una semana intensa en actividades políticas. La salud sigue con grandes desafíos. El tema de la donación de medicinas y el vencimiento de algunos insumos ha despertado sospecha de su autenticidad. La situación ha puesto en aprietos al mandatario, de quien se esperaba respuestas y acciones más contundentes, especialmente de parte de los medios.

Sin embargo, el mayor activismo se dio en el Congreso de la República. El Presidente, acompañado del ministro de Finanzas, visitó el Legislativo para solicitar la emisión de de Q1,633 millones de bonos para financiar el presupuesto, ya que hay algunos rubros –como el Ministerio Público– quedarían sin recursos a partir de agosto, debido a que los préstamos presentados como fuente de financiamiento del presupuesto no se lograrán.

Sabiendo que no hay dinero, incoherentemente, el Legislativo de forma exprés aprobó varias iniciativas de ley que repercuten negativamente las finanzas del Estado. Por ejemplo, el Decreto 11-2016 aumenta Q500 mensuales a cada jubilado que pertenece a clases pasivas civiles del estado y, adicionalmente, cuando haya aumento general para los empleados también se les ajustarán a los pasivos.

Según un cálculo realizado por el Ministerio de Finanzas esta ley tendrá una erogación de Q450 millones para este año. También estuvo en discusión la Ley Nacional de la Juventud, que tiene como fin “oportunidades de participación a los jóvenes”. No tenemos recursos para los hospitales, contamos con más del 40% de infantes con desnutrición crónica y la mitad de los niños no van a la preprimaria, cuesta comprender por qué el Congreso prioriza estas leyes, ¿será porque son populares y con ellas van a quedar bien con algunos sectores? Al final, terminaron presentando una iniciativa de nuevos impuestos a la renta.

También modificaron varios artículos a Ley Orgánica del Organismo Legislativo, la cual tiene luces pero bastantes sombras. Vale la pena resaltar la aprobación del Decreto 13-2016 que modifica el Código Penal: Indica que los altos funcionarios o instituciones que reciben fondos públicos que sean citados y no acudan al Congreso podrán ser sancionados con penas de dos a tres años de prisión.

Habría que ver cuántas citaciones tienen por fin la fiscalización, pues la mayoría de veces es para resolver asuntos operativos, pedir favores, referir personas, solicitar apoyo y de paso humillar a los funcionarios. Este cambio le concede un privilegio al Congreso que ni los jueces tienen para sus citatorios. Definitivamente desequilibra los poderes.

Por otro lado, el Procurador de los Derechos Humanos se reunió con los jefes de bancada y habló de la convocatoria que se realizará a todos los sectores de la sociedad para un Diálogo Nacional que busca promover la discusión, aprobación e implementación de reformas al sistema de justicia en contra de la impunidad y corrupción, en apoyo a la propuesta de Iván Velásquez. Y por último, el viernes representantes del CACIF se reunieron con miembros de la junta directiva del Congreso. Entre varios asuntos, se solicitó que leyes tan importantes como la de Desarrollo rural y la de las radios comunitarias se discutan a fondo.

La incertidumbre nos tiene nerviosos. Realmente no sabemos qué otras cosas podrán suceder esta semana. Lo que sería recomendable es que los diputados busquen un equilibrio en su actuar, el presidente Morales defina una estrategia para comunicarse y que en las redes sociales aboguemos por las buenas prácticas. La ciudadanía debe estar atenta y los medios de comunicación informando. Es un momento importante para Guatemala. ¿Qué opina del activismo político? ¿Está de acuerdo con las leyes exprés? ¿Cuál es su sentimiento?