Así lo explico hoy a Efe el abogado Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), que actúa como querellante en el proceso abierto al militar retirado de 88 años y a su antiguo jefe de inteligencia, José Rodríguez.


El Tribunal B de Mayor Riesgo que preside la jueza Irma Janeth Valdéz, programó desde el año pasado iniciar mañana el nuevo juicio a los dos exmiembros del Ejército y convocó a los acusados, a los querellantes y a la Fiscalía.


Sin embargo, Reyes aclaró que antes se tendrán que resolver tres acciones judiciales pendientes, dos de ellas presentadas por el equipo de abogados de Ríos Montt.


Inicialmente, la jueza tendrá que decidir si acepta la recusación en su contra, ya que los abogados del exjefe de Estado de facto de Guatemala (1982-1983) argumentan que por haber emitido ya una opinión sobre el genocidio en el país centroamericano puede tener una opinión "parcializada" en el proceso.


Uno de los juristas del anciano militar, Luis Rosales, aseguró que el juicio no puede empezar mañana porque la recusación suspende el desarrollo del debate.


El tribunal también tiene que resolver una "excusa médica" que presentaron los abogados para que Ríos Montt no se presente a la audiencia, debido a que padece dolores por varias hernias en la espalda y no puede desplazarse, además de problemas en la vista.


Al respecto, Reyes afirmó que el juicio se puede celebrar sin la presencia del exdictador, quien puede ser representado por sus abogados.


Además, el alto tribunal no cuenta con el expediente original del proceso abierto al general retirado, por lo que tendrá que decidir también si lo reclama antes de comenzar el nuevo juicio.


"Yo creo que no va a comenzar el debate porque para resolver las acciones judiciales se necesitaría de entre 48 a 72 horas", apuntó el jurista, que calificó como "tácticas dilatorias" las acciones de los abogados del exjefe de Estado de facto.


Ríos Montt y Rodríguez fueron juzgados en 2013 por la muerte de 1.771 indígenas ixiles en el departamento noroccidental del Quiché.


Luego de los testimonios de familiares de las víctimas y las pruebas de la Fiscalía, el Tribunal A de Mayor Riesgo condenó al exjefe de Estado de facto a 80 años de prisión y absolvió a Rodríguez.


No obstante, el 20 de mayo de 2013 la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la condena y ordenó un nuevo juicio.


Ríos Montt y Rodríguez se encuentran en la actualidad bajo arresto domiciliario.