“El INDH sostiene que el proceso de democratización en Guatemala, a partir de 1985 y el fin del conflicto armado interno en 1996, facilitó condiciones para establecer una agenda de país con mayor justicia y equidad. No obstante, en forma contradictoria, se debilitó la capacidad pública para cumplir con los compromisos, mediante políticas de reducción de funciones del Estado y privatizaciones poco transparentes”.

Esta es una de las conclusiones de la edición 2015/2016 bajo el nombre “Más allá del conflicto, luchas por el bienestar social”.

Este año, al cumplirse 20 años de la Firma de los Acuerdos de Paz, se hace un repaso de los avances y de los retrocesos desde esa histórica fecha.

“A lo largo de este periodo, procesos desdemocratizadores han degradado la función pública y debilitado al Estado, dejándolo vulnerable a la corrupción, cooptación, las influencias sectoriales y mercantilización de las funciones estatales no privatizadas”, consigna el informe.

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Entre las cifras que muestran ese “impulso insuficiente” están, por ejemplo, que “tras el cese del fuego mejoró la recaudación fiscal alcanzando cerca del 12% en relación con el Producto Interno Bruto entre los años 2000 y 2006, pero luego la tendencia bajó llegando en la actualidad a una cifra similar al punto de partida, de 10 por ciento”.

“El porcentaje de personas en condición de pobreza multidimensional se redujo durante los primeros años posteriores a los Acuerdos de Paz de 72% a 58%. Después de 2006, la pobreza se ha incrementado y alcanza a dos terceras partes de la población”, se detalla.

Gustavo Arriola, coordinador del INDH 2015/2016, explicó que otro de los puntos que ha registrado un incremento progresivo son los conflictos sociales. “Hay contiendas relacionadas con las exclusiones históricas y la falta de prestación de servicios, pero también con disputas por el uso del agua, condiciones laborales y demandas de tierra”, expuso.

De hecho, en el estudio se revela que a diciembre de 2015 se han registrado mil 476 casos de conflictos agrarios, principalmente en Petén, Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz.

Para Arriola, es necesario retomar la agenda que se pactó cuando se firmó la paz. “Hay temas que como país continúan vigentes y se deben retomar”, afirmó.

Otro de los puntos que se aborda son las protestas sociales y el malestar de la ausencia y legislación sobre los derechos de consulta comunitaria.

“Durante 20 años las principales causas del malestar son la precariedad y la ausencia de servicios públicos. No son casuales si tomamos en cuenta los indicadores sociales”, se afirma en el texto.

El coordinador del informe resalta que, según la encuesta sobre Bienestar y Desarrollo Humano del 2015, el 90% de los guatemaltecos cree que el Estado debe garantizar los servicios públicos básicos de manera gratuita y universal.